El Departamento de Estado sopesa compartir datos de pasaportes para verificar ciudadanía de votantes
El plan gubernamental ha encendido las alarmas entre legisladores demócratas y activistas defensores del derecho al voto
El control del censo electoral cobra un matiz estratégico crucial ante los comicios del 3 de noviembre, donde el Partido Republicano pone en juego su ajustada mayoría en el Congreso. Crédito: Bryon Houlgrave/ Archivo | AP
El gobierno del presidente Donald Trump analiza una nueva estrategia para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar: utilizar información contenida en los registros de pasaportes estadounidenses y compartir esos datos con gobiernos estatales y locales, así como con algunas organizaciones sin fines de lucro.
El Departamento de Estado confirmó que está “evaluando” mecanismos para compartir esa información antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La dependencia aseguró que cualquier sistema tendría como objetivos “proteger los datos de los estadounidenses, prevenir el fraude y respaldar la integridad de la ciudadanía estadounidense”.
La posibilidad de utilizar los registros de pasaportes surge pocos días después de que la Corte Suprema permitiera a la administración Trump avanzar con un mecanismo para proporcionar información de ciudadanía a gobiernos locales y ayudar a determinar si personas incluidas en los padrones electorales son ciudadanos estadounidenses.
Registros de pasaportes entrarían al sistema de verificación
De acuerdo con documentos presentados por el gobierno federal ante un tribunal, el Departamento de Estado podría publicar próximamente un aviso en el Registro Federal para plantear el intercambio de “información contenida en el sistema de registros de servicios de pasaportes” con otras agencias federales. Los registros incluyen información personal de todas las personas que han solicitado un pasaporte estadounidense.
La propuesta también contempla que los datos puedan utilizarse mediante sistemas federales para comprobar la identidad o ciudadanía de personas que acceden a sitios y aplicaciones gubernamentales, además de determinar su elegibilidad para votar. La iniciativa requeriría cumplir con una disposición de la Ley de Privacidad de 1974, que obliga al gobierno a notificar públicamente cuando pretende utilizar información personal de una manera diferente a la originalmente prevista.
El aviso podría publicarse tan pronto como el 22 de octubre, según los documentos citados en el caso.
Demócratas advierten sobre posibles errores
El nuevo plan forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para ampliar la utilización de bases de datos federales en la revisión de los registros electorales. La administración ya ha buscado utilizar información de la Administración del Seguro Social, el Departamento de Seguridad Nacional y otras dependencias para identificar posibles registros de personas que no cumplen con los requisitos de ciudadanía. Varias de esas iniciativas han enfrentado demandas y obstáculos judiciales.
La Corte Suprema emitió el viernes una decisión de 6-3 que permite temporalmente al DHS proporcionar información sobre ciudadanía a gobiernos locales para realizar verificaciones relacionadas con los registros de votantes. El gobierno federal sostiene que estas herramientas ayudarán a detectar posibles casos de personas no ciudadanas inscritas para votar.
Sin embargo, demócratas y organizaciones defensoras del derecho al voto expresan preocupación por los llamados “falsos positivos”, en los que ciudadanos elegibles podrían ser identificados incorrectamente como no ciudadanos.
El riesgo podría afectar especialmente a personas naturalizadas cuyos registros no coincidan de manera exacta entre diferentes bases de datos gubernamentales. El caso se relaciona con una demanda presentada por el Comité de Campaña Senatorial Demócrata contra Trump por disposiciones de su orden ejecutiva sobre el voto por correo.
Mientras continúa la disputa legal, la administración busca ampliar sus fuentes de información antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando se renovará toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Los republicanos enfrentan en esos comicios la posibilidad de perder sus estrechas mayorías en ambas cámaras, lo que convierte cualquier cambio en los procedimientos de registro y verificación electoral en un asunto de particular importancia política.
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