San Antonio demanda a Trump para frenar un centro de detención de ICE con capacidad para 1,500 migrantes
San Antonio demandó al DHS y a ICE para frenar un centro de detención para 1,500 migrantes y exigir una evaluación ambiental antes de iniciar las obras
San Antonio demandó al gobierno federal para frenar el centro de detención proyectado. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia
San Antonio demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para tratar de frenar la transformación de una bodega del este de la ciudad en un centro de detención migratoria con capacidad para hasta 1,500 personas. La demanda sostiene que las autoridades federales avanzaron con el proyecto sin realizar la evaluación ambiental que exige la ley.
Aunque el título alude a Trump, los demandados son las agencias federales y sus máximos responsables: el secretario del DHS, Markwayne Mullin, y el director interino de ICE, David Venturella. La ciudad presentó la acción el 13 de octubre ante un tribunal federal de Texas.
El inmueble, ubicado en 542 S.E. Loop 410 Access Road, es una bodega comercial de unos 640,000 pies cuadrados. Según la demanda, el gobierno federal pagó $66.1 millones por la propiedad y adjudicó un contrato de $17.3 millones para acondicionarla como instalación migratoria.
Qué reclama San Antonio en la demanda contra ICE
La ciudad pide al tribunal que detenga las obras hasta que el DHS complete la revisión ambiental. También solicita que se anulen la compra de la bodega y el contrato para remodelarla. La presentación judicial no significa que el proyecto haya sido suspendido: San Antonio está pidiendo que el juez ordene esa medida.
Entre sus argumentos, la ciudad afirma que el gobierno no analizó cómo funcionaría el sistema de agua y alcantarillado ante la operación del centro ni si sería necesario ampliar su capacidad. También sostiene que el estudio debe considerar efectos económicos, sociales y de salud pública, además de los impactos sobre el aire y el agua.
El gobierno federal no habría compartido suficiente información sobre el plan, según la demanda. San Antonio afirma que ICE había prometido coordinar con la ciudad, pero que dejó de comunicarse sobre el cumplimiento de los requisitos legales desde junio.
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DHS acusa a la ciudad de intentar bloquear la política migratoria
El DHS respondió que la oposición de San Antonio busca frenar la agenda migratoria del presidente Donald Trump y no proteger el medio ambiente. La ciudad, por su parte, sostiene que su demanda se centra en que las agencias cumplan con la ley y aclara que no cuestiona la autoridad federal para aplicar las leyes migratorias.
La disputa local se amplió el 15 de octubre, cuando el Concejo Municipal votó para pedir a funcionarios de la ciudad que estudien opciones para retrasar o impedir dos contratos de alquiler de oficinas de ICE en el complejo Brooks. La medida recibió nueve votos a favor y dos en contra.
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