Mexicanos que viven en Estados Unidos exigen mayor protección hacia sus derechos

En virtud de la importancia que representan para la economía de México, un amplio sector de sus ciudadanos que radican en Estados Unidos se está organizando para exigirle a su gobierno desde el exterior la protección hacia los derechos que les otorga la Constitución pese a vivir a miles de kilómetros de sus ciudades de origen.

Durante un evento denominado Jornadas sobre mexicanos en el exterior, el cual se llevó a cabo en el Centro cultural Tijuana, en Baja California, un grupo de académicos y líderes de algunas comunidades que migraron hacia distintas ciudades estadounidenses intercambiaron de puntos de vista acerca de los derechos que debieran tener por su contribución para sostener a millones de familias.

De acuerdo con diversos estudios realizados durante los últimos años y tras ser parte del fenómeno migratorio, los ponentes que participaron en el intercambio de ideas coincidieron en señalar que la inoperancia del modelo económico prevaleciente en su nación de origen los orilló a tomar la decisión de migrar quizá no en las mejores condiciones, pues al estar en un país en sus propios consulados de representación en el exterior carecen de la atención y asesoría adecuada para hacer valer sus derechos.

Con base a datos presentados se estima que cerca de 11 millones de personas nacidas en México radican en Estados Unidos, lo cual representa el 10% de la población de dicho país.

Asimismo, otros 20 millones son descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos con la posibilidad de contar con la doble nacionalidad.

Sin embargo, el peso demográfico que representan tanto para la sociedad estadounidense, así como su aportación para la economía de dicha nación, y la fuerza electoral decisiva que asumen en varios estados estadounidenses, se menciona que en múltiples casos carecen del conocimiento o la asesoría para defender sus derechos.

Prueba de ello es que cerca de 5 millones de mexicanos trabajan sin permisos de trabajo y por ello generalmente sus derechos son vulnerados en el aspecto humano, civil y hasta político.

Por ello, Armando Vázquez Ramos, presidente y CEO del Centro de Estudios California-México, propone un proyecto para capacitar a los dreamers con el objetivo de que puedan fungir como empleados del gobierno mexicano en sus consulados en Estados Unidos e incluso llegar a ser embajadores a cargo de la atención a los 40 o 45 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana.

Por su parte, Odilia Romero, cofundadora de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), defiende la idea de que los mexicanos pertenecientes a comunidades indígenas que radican en Estados Unidos cuenten con una representación consular que dominen sus lenguas de origen para así poderlos asesorar en la defensa de sus derechos.

Su argumento de respaldo es que un amplio número de mexicanos en el exterior habla hasta 68 idiomas distintos, los cuales no son reconocidos a pesar de ser la única lengua que dominan, lo cual les implica llegar a ser víctimas de violencia lingüística.

En contra parte, Rafael Alarcón, profesor del Colegio de la Frontera Norte, hizo hincapié en que para las familias de los 4.5 millones de mexicanos que han sido deportados en los últimos años no existe un programa que los ayude a reintegrarse a la sociedad mexicana incluso enseñándoles a sus miembros más pequeños a comunicarse en español.

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