Cierre de gobierno: qué trabajadores reciben pagos atrasados y quiénes no

Cuando el gobierno federal entra en cierre, la vida laboral de muchos empleados se detiene temporalmente. Aunque algunos siguen trabajando, otros son enviados a casa sin salario, lo que genera gran incertidumbre y estrés. Sin embargo, existe una ley que garantiza que los empleados federales reciban el pago atrasado una vez que el gobierno se reanude. Pero no todos los trabajadores gozan de esta protección.

Los empleados federales, ya sea que continúen trabajando por ser esenciales o que se encuentren suspendidos (furloughed), tienen derecho a recibir el pago atrasado. De acuerdo con la Ley de Tratamiento Justo para Empleados del Gobierno de 2019, todos los trabajadores que sean afectados por un cierre de fondos tienen derecho a recibir su pago una vez que el gobierno retome sus actividades. Esta ley asegura que los empleados federales, independientemente de su estatus, recibirán la compensación por el tiempo perdido “tan pronto como sea posible después de que termine la interrupción de los fondos”.

Se proyecta que aproximadamente 620,000 personas, o aproximadamente el 28% de los empleados federales, serán suspendidas temporalmente de empleo durante el cierre, según un análisis de datos gubernamentales realizado por Oxford Economics.

Sin embargo, esta protección no se extiende a los contratistas independientes, quienes, a pesar de realizar trabajos esenciales para el gobierno, no están cubiertos por la misma normativa.

En un reciente podcast, Dan Koh, exjefe de gabinete del Departamento de Trabajo durante la presidencia de Biden, comentó sobre la difícil situación de estos trabajadores.

“No hay garantía de que los contratistas recibirán su pago una vez que el gobierno vuelva a abrir”, explicó Koh.

Este vacío legal y la incertidumbre que lo acompaña genera grandes dificultades para aquellos que dependen de los pagos del gobierno. Como señaló Koh, muchos empleados federales viven al día y no pueden esperar mucho tiempo sin recibir su salario.

“Si tienes que pagar el transporte, la gasolina, o si algo se descompone en casa, y no estás siendo pagado, la presión se vuelve extrema”, afirmó Koh en una entrevista con CBS News.

Ante esta situación, en 2023, la senadora Tina Smith presentó un proyecto de ley para garantizar el pago atrasado a los trabajadores de las empresas contratistas en caso de un cierre. Sin embargo, la iniciativa no avanzó en el Congreso.

Los contratistas privados enfrentan aún más obstáculos. Si bien los contratos totalmente financiados pueden seguir adelante, los pagos podrían retrasarse debido a la falta de personal encargado de procesar las facturas. En los contratos parcialmente financiados, el panorama es aún más incierto. Las empresas no saben si el dinero estará disponible para continuar trabajando, lo que las pone en una posición financiera delicada.

El grupo estima que el gobierno apoya hasta 10 millones de trabajadores privados adicionales a través de subvenciones y contratos federales. 

Por otro lado, las pequeñas empresas ubicadas en áreas como Washington D.C., Maryland y Virginia, que dependen del gasto de los empleados federales, también pueden verse gravemente afectadas por un cierre prolongado. La falta de pago a estos trabajadores lleva a una reducción en el gasto, afectando a muchos comercios locales.

“Si un cierre se alarga, las empresas en zonas con una alta concentración de trabajadores federales sentirán el impacto”, asegura Nancy Vanden Houten, economista principal de Oxford Economics.

Como se ve, la afectación económica y laboral de un cierre de gobierno va más allá de los trabajadores federales suspendidos. Y cuanto más días dure esta situación, la presión financiera para las familias que dependen de estos ingresos es cada vez mayor.

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