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Demanda contra ICE por condiciones inhumanas en centro de detención de Adelanto

La demanda expone un sistema de detención cruel, inhumano y degradante para las personas detenidas; la instalación es ocupada por arrestados en redadas de ICE

In this Wednesday, Aug. 28, 2019, photo shows the exterior of the Adelanto ICE Processing Center in Adelanto, Calif. The facility is a privately operated immigration detention center run by the GEO Group, which can house up to about 1900 total immigrant detainees, both male and female.(AP Photo/Chris Carlson)

La demanda fue presentada por organizaciones en nombre de inmigrantes detenidos en la instalación. Crédito: Chris Carlson | AP

Por estar en condiciones inhumanas, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, en el sur de California.

En nombre de los detenidos, la demanda fue presentada por Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef) y Willkie Farr & Gallagher LLP.

En un comunicado, se informó que la demanda expone un sistema de detención cruel, inhumano y degradante, con el centro de detención de Adelanto como un ejemplo del daño que esas condiciones causan a las personas que son obligadas a permanecer bajo custodia en esas instalaciones.

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La demanda impugna específicamente la negación de las necesidades básicas en las instalaciones de ICE, que incluyen la atención médica y de salud mental, acceso al aire libre, nutrición y agua adecuadas, así como condiciones de vida higiénicas.

Actualmente, en la instalación de ICE en Adelanto permanecen bajo custodia cerca de 2,000 inmigrantes.

De acuerdo con los grupos defensores de los inmigrantes, el centro de reclusión federal, localizado en el condado de San Bernardino, somete a los detenidos a permanecer en condiciones que violan los derechos constitucionales y la dignidad humana fundamental.

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En la demanda interpuesta se detalla un patrón de esos abusos, que incluye la negación de atención médica crítica a los detenidos por afecciones potencialmente mortales, nutrición inadecuada, falta de saneamiento básico y confinamiento solitario prolongado.

Entre los inmigrantes que han fallecido en el centro de detención de Adelanto están Ismael Ayala Uribe, de 39 años y beneficiario de DACA, quien murió el 22 de septiembre de 2025; así como Gabriel García Avilés, de 56 años, fallecido el 23 de octubre de 2025 tras estar una semana en la instalación.

Los fallecimientos de los dos hispanos se mantienen bajo investigación.

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“Nuestros vecinos inmigrantes están siendo sometidos a condiciones que violan sus derechos humanos más básicos: se les niega atención médica, reciben alimentación inadecuada y son tratados con crueldad en lugar de dignidad”, dijo la abogada supervisora de Public Counsel, Rebecca Brown.

La abogada mencionó que la Constitución no permite que el gobierno mantenga bajo detención a personas en condiciones que causen lesiones graves, agravamiento de enfermedades y traumas de larga duración.

“Esta demanda exige rendición de cuentas y acción inmediata para garantizar que todas las personas detenidas en Adelanto reciban el trato humano que merecen según nuestra Constitución. Nadie, independientemente de su estatus migratorio, debería ser sometido a estas condiciones”, añadió.

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El director de litigio y defensa del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef), Álvaro M. Huerta, expresó que ser detenido por una infracción civil nunca debería terminar en una enfermedad grave, ni siquiera en la muerte.

“Nuestra demanda busca detener las violaciones de derechos humanos que nuestro gobierno federal está cometiendo contra las personas que decide encarcelar, separándolas de sus seres queridos y, en algunos casos, costándoles la vida“, dijo Huerta.

De acuerdo con el directivo de ImmDef, ICE utiliza como tácticas de presión el hacinamiento, las condiciones precarias y la negación de atención médica para obligar a que los detenidos acepten una salida voluntaria del país.

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ICE es responsable de cada enfermedad prevenible, cada muerte evitable y cada injusticia inconstitucional que estas condiciones generan, y tenemos la intención de exigirle plena responsabilidad ante los tribunales”, aseguró Huerta.

Los grupos defensores de los inmigrantes dijeron que la población en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto se ha incrementado tras el aumento de las redadas de inmigración en Los Ángeles y en el sur de California, lo que refleja que continúan los operativos, con el arresto de más personas.

En su comunicado, los grupos sostuvieron que, en Adelanto, la supervisión es prácticamente inexistente, mientras que los detenidos, a menudo, son invisibilizados, por lo que enfrentan condiciones punitivas que incluyen hacinamiento y aislamiento.

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Operado por la empresa penitenciaria privada GEO Group, que tiene garantizado el pago de un mínimo de 640 camas, las organizaciones dijeron que se ejemplifica un sistema en el que el confinamiento humano se monetiza y el incentivo es mantener a las personas detenidas en lugar de protegerlas.

“Los derechos y la humanidad de nuestros seres queridos no terminan cuando se les obliga a permanecer en estos campos de detención durante semanas, muchos incluso, durante meses“, dijo la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas.

La directora de CHIRLA expresó que el trato imprudente y brutal que el gobierno ejerce en las calles sobre los vecinos inmigrantes continúa en el interior del centro de detención, a manos de corporaciones privadas que lucran con el sufrimiento de la comunidad.

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Debemos exigir responsabilidades y respeto a las leyes, a la vez que apelamos a la compasión y al trato humano para todos aquellos cuyas vidas ya se han visto trastocadas por esta represión por motivos raciales”, agregó la funcionaria de CHIRLA.

Las organizaciones dijeron que, con la demanda, se busca mejorar los estándares de atención médica, garantizar una nutrición adecuada y condiciones sanitarias óptimas, así como poner fin al uso excesivo del aislamiento y establecer una supervisión independiente para velar por los derechos humanos.

A través de este litigio, la coalición legal pretende dejar un precedente que mejore las condiciones en los centros de detención de todo el país y desafiar un sistema basado en el daño que trata la detención como la respuesta predeterminada en lugar de invertir en atención, dignidad y el debido proceso.

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