El Pentágono contrató a Elias Irizarry, un condenado por el ataque al Capitolio; genera controversia
El nombramiento se dio en la Oficina de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, encargada de gestionar misiones militares altamente clasificadas
Elias Irizarry fue captado armado con un poste de metal, observando agresiones a oficiales, trepando andamios para arengar a los alborotadores y, finalmente, ingresando al edificio por una ventana rota. Crédito: Jose Luis Magana/ Archivo | AP
La contratación de Elias Irizarry, uno de los participantes condenados por el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, para desempeñar funciones dentro del Departamento de Defensa ha generado inquietud entre empleados federales y reavivado el debate sobre el futuro de quienes estuvieron involucrados en los disturbios que sacudieron la democracia estadounidense.
De acuerdo con información publicada por The Washington Post, Irizarry fue incorporado a la Oficina de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad del Pentágono, una dependencia vinculada a asuntos de seguridad nacional y operaciones militares sensibles.
La noticia provocó preocupación entre algunos trabajadores del Departamento de Defensa, quienes consideran que la participación de una persona condenada por los hechos del 6 de enero podría afectar la confianza pública en instituciones encargadas de la seguridad del país.
Sin embargo, funcionarios de la administración defendieron la decisión. El secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, afirmó en un comunicado que Irizarry es “un joven profesional cualificado y patriota” y señaló que el Departamento de Defensa se siente orgulloso de contar con él como funcionario político.
Valdez no ofreció detalles adicionales sobre las responsabilidades específicas que desempeñará el nuevo empleado.
De cadete militar a acusado por los disturbios
Cuando ocurrió el ataque al Capitolio, Irizarry tenía 19 años y cursaba su primer año como cadete en The Citadel, una reconocida academia militar pública de Carolina del Sur. También formaba parte de la Patrulla Aérea Civil.
Durante la investigación federal, los fiscales presentaron evidencia en video que mostraba a Irizarry ingresando al Capitolio a través de una ventana rota mientras sostenía un poste metálico.
Según documentos judiciales, permaneció durante varias horas junto a la multitud que irrumpió en el edificio y alentó a otros participantes a avanzar hacia el complejo legislativo.
Las autoridades señalaron que observó enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales antes de acceder a distintas áreas del Capitolio.
Posteriormente, Irizarry se declaró culpable de un delito menor por entrar y permanecer en un edificio o recinto restringido. Un tribunal federal lo sentenció a 14 días de prisión.
Tras declararse culpable, The Citadel decidió suspenderlo de la institución.
Arrepentimiento, indulto y regreso al servicio público
Durante el proceso judicial, Irizarry presentó una carta de cinco páginas dirigida a la jueza federal Tanya Chutkan, en la que expresó remordimiento por su conducta. En el documento calificó el 6 de enero como uno de los episodios más vergonzosos de la historia moderna del país y reconoció haber causado vergüenza a su familia y a sí mismo.
También afirmó que la experiencia le permitió valorar la estabilidad de las instituciones democráticas estadounidenses. Antes de las elecciones de 2024, Irizarry intentó abrirse paso en la política al postularse como candidato republicano para un escaño en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur.
Su situación legal cambió de manera definitiva cuando el presidente Donald Trump, tras regresar a la Casa Blanca en 2025, otorgó indultos a más de 1,500 personas procesadas por los acontecimientos del 6 de enero, incluido Irizarry.
La contratación del exconvicto en el Pentágono surge además en un contexto de debate nacional sobre el papel que deben desempeñar los indultados por aquellos hechos. Mientras algunos consideran que merecen una segunda oportunidad tras cumplir con la justicia, otros sostienen que quienes participaron en el asalto al Capitolio no deberían ocupar cargos relacionados con la seguridad nacional o la administración pública federal.
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