México defiende y protege a los pueblos originarios
Se han devuelto tierras a los Tarahumaras en Chihuahuay a los Wixárikas en Nayarit y Jalisco
Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México (INPI). Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Mediante una reforma al artículo 2.º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el país garantizará la libre determinación y autonomía, las formas de gobierno propias, las asambleas comunitarias y sistemas normativos de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano.
Como parte de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México, el proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoce como sujetos de derecho, -con personalidad jurídica y patrimonio propio-, a más de 16,700 comunidades originarias.
“La reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024 reconoce a los pueblos”, dijo en entrevista con La Opinión, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México (INPI). “El reto actual es implementar ese reconocimiento”.
Recientemente, el director del INPI se reunió con estudiantes académicos en la UCLA, a quienes les presentó lo que hace México con relación a las comunidades indígenas y afromexicanas, particularmente de Oaxaca, Guerrero, Michoacán o Chiapas, que han tenido que emigrar en busca de oportunidades de trabajo, empleo, educación, salud o para hacer su vida en Estados Unidos.
La primera etapa de reconocimiento de los pueblos originarios y de los pueblos afromexicanos comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora, las reformas continúan con Sheinbaum Pardo.
“Ahora mismo estamos en un proceso de diálogo y consulta con los pueblos y las comunidades para elaborar lo que sería la primera Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, dijo Adelfo Regino Montes, un Ayuuk-Mixe (gente del idioma florido) de la comunidad de Santa María Alotepec, Oaxaca.
Reconocimiento e inversión directa de recursos
Activista, formador y escritor sobre los derechos de los pueblos, Adelfo Regino Montes, declaró a La Opinión que la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024 reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y logró crear un componente indígena y afromexicano del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Aseguró que comunidades indígenas de entidades federativas como Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz o Yucatán recibieron directamente cerca de 11,000 millones de pesos en 2025 (casi 600,000 dólares). Se prevén alrededor de 13,500 millones en 2026 (723.000 dólares) y de 14,500 millones (777,000 dólares) al año siguiente.
“Las asambleas comunitarias deciden las obras y nombran comités de administración y vigilancia”, dijo el funcionario de gobierno.
Actualmente, las comunidades reciben el dinero directamente. Antes, se enviaba a los estados, pero nunca llegaba a las comunidades indígenas, que son quienes tienen mayores necesidades y requerimientos en materia de infraestructura social.
Con una distribución más equitativa de la riqueza, el impacto directo de la ley será la disminución de la pobreza y de la marginación de los pueblos indígenas.
“Las propias comunidades determinaran su propio futuro”, dijo Adelfo Regino Montes. “Ellos mismos deciden qué obras quieren, dónde aplican los recursos y nombran sus comités de administración y vigilancia para el ejercicio de los recursos públicos. Si bien no es la panacea, sí empieza a colocar las primeras piedras para revertir los lamentables estadios de pobreza y marginación en los que han vivido nuestras comunidades durante siglos”.
Venciendo a los dueños del poder, el racismo y la discriminación
El avance del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para vencer todos los obstáculos que había por parte de quienes ostentaban el poder en México ha sido arduo por la resistencia al cambio y a la justicia social.
“Hay que decirlo con toda firmeza y claridad: seguimos viviendo en un contexto de mucha discriminación y racismo”, afirmó el director del INPI, quien es, además, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. “Eso es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. No es solo un tema de las estructuras estatales, es también un tema social que se ve en la calle, en la tienda, en una convivencia, en una escuela, en un centro de salud”.
Añadió que, “lamentablemente”, el flagelo de la discriminación y el racismo debe seguir combatiéndose en todos los ámbitos y a todos los niveles en México. Y, desde luego, es algo que ha impactado en las políticas y los programas de gobierno.
“De allí proviene la importancia de hacer siempre este llamado a tener una sociedad respetuosa de la diversidad étnica, cultural y lingüística; de tener una sociedad que acepte que somos diferentes, que sí hablamos una lengua distinta, que tenemos una cultura diferente, pero que, al mismo tiempo, somos seres humanos y que tenemos los mismos derechos y también planteamos las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar”, enfatizó. “Creo que en el horizonte nuevo que estamos construyendo y es importante difundir esta nueva perspectiva de diversidad y de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
En el proceso de diálogo, se han convocado alrededor de 100 asambleas y mesas de trabajo en todo México, en las que han participado unas 14.000 comunidades indígenas, un total de 60.000 personas, que han emitido unas 3.500 propuestas normativas sobre lo que quieren para sus pueblos. Una iniciativa de ley se enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum antes de que finalice 2026, y ella, al Congreso de la Unión.
Uno de los aspectos fundamentales será el tema del territorio de las comunidades y el reconocimiento a la propiedad comunal tradicional.
“Hay un importante respaldo a estas reivindicaciones territoriales que hacen nuestros pueblos, en particular el nuevo concepto de la propiedad tradicional. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, (en Chihuahua) ellos han vivido ahí de manera histórica y permanente, tienen la posesión tradicional, pero de repente llegaban terceras personas que ni siquiera son integrantes de una comunidad indígena y acudían ante un notario y ponían un pedazo de ese territorio a su nombre, violentando toda la legislación mexicana y la legislación en materia agraria”.
En ese apartado, ya se cuenta con un plan de justicia para el pueblo Tarahumara y se están restituyendo tierras a esas comunidades bajo el concepto de propiedad comunal tradicional, en el que el gobierno de México reconoce que esas tierras históricas les pertenecen. Lo mismo se ha hecho con los Wixárikas (comúnmente llamados huicholes), a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a quienes se les ha devuelto aproximadamente 45.000 hectáreas de tierras en Nayarit y Jalisco.
Conexión con California
Durante su visita a Los Ángeles, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México observó una clase de educación indígena en lengua náhuatl e investigó cuáles podrían ser los lazos de cooperación entre la UCLA y el INPI.
Adelfo Regino Montes recordó que, para construir a reforma constitucional sobre los pueblos indígenas y afromexicanos, se realizó un foro de consulta en 2020 en Los Ángeles, donde hay una presencia prominente de indígenas mixtecos de Oaxaca, Guerrero y Puebla; zapotecas de Oaxaca, purépechas del estado de Michoacán y comunidades de mayas, chinantecos y mixes.
“Estamos abriendo espacios de diálogo, y lo que está ocurriendo es que, cuando la comunidad indígena originaria de Oaxaca, Guerrero, Chiapas o Veracruz se están reconstituyendo más allá de las fronteras estatales y nacionales; las comunidades no solo vienen a trabajar, sino que al venir aquí a los Ángeles traen su danza, su música, su cultura aquí hacen tequios (una práctica de trabajo colectivo, solidario y gratuito que realizan los miembros de una comunidad para el beneficio de todos), hoy hacen asambleas e incluso cuando tienen un dinero que les sobra, cooperan y lo devuelven a la comunidad y ahí se hacen obras y acciones en el contexto de la dinámica de organización comunitaria”.
Ello tendría que reflejarse también en la ley que se está construyendo en México.
