Las palabras de Karoline Leavitt meten a Trump en otro problema judicial
La declaración de la portavoz podría ayudar a esclarecer si la Casa Blanca presionó a firmas legales por sus posturas políticas
Karoline Leavitt defendió la estrategia de Trump contra grandes bufetes de abogados. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
Las decisiones de Donald Trump contra grandes bufetes de abogados están abriendo un nuevo frente judicial para la Casa Blanca. Un juez federal ordenó al gobierno entregar documentos internos que podrían ayudar a determinar cómo se diseñó la ofensiva presidencial contra firmas legales consideradas contrarias a su agenda.
El magistrado Amir Ali, del Tribunal de Distrito de Washington D.C., concedió parcialmente una solicitud de la Asociación Americana de Abogados (ABA), que acusa al gobierno de impulsar una política de intimidación contra despachos y profesionales por sus actividades legales y posiciones políticas.
De acuerdo con Reuters, la resolución obliga a la administración a responder a solicitudes específicas de información sobre las órdenes ejecutivas y los acuerdos alcanzados con los bufetes afectados. No se trata de una sentencia definitiva sobre las acusaciones, sino de un avance en la etapa de recopilación de pruebas.

Las palabras de Karoline Leavitt bajo la lupa
Uno de los elementos más llamativos del caso involucra a Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca. En abril de 2025, durante una entrevista con The Wall Street Journal, defendió la estrategia presidencial y aseguró que el equipo político estaba cumpliendo la instrucción de Trump de exigir responsabilidades a los grandes despachos por lo que calificó como una instrumentalización de la justicia.
La ABA utilizó esa declaración para solicitar documentos del equipo político presidencial relacionados con la ejecución de esa directriz.
El juez permitió que esa solicitud avanzara en una versión más limitada. Sin embargo, rechazó por ahora otra petición que buscaba obtener notas y comunicaciones sobre declaraciones públicas de los funcionarios.

Según el expediente judicial, los documentos sobre cómo se diseñaron y ejecutaron las órdenes tienen mayor relevancia para determinar si existió una política coordinada de intimidación.
Trump enfrenta más presión por los bufetes
La ofensiva presidencial incluyó amenazas contra las autorizaciones de seguridad de abogados, restricciones de acceso a instalaciones federales y posibles consecuencias para los contratos gubernamentales de sus clientes.
Nueve firmas terminaron alcanzando acuerdos con la administración y se comprometieron a ofrecer cerca de 1,000 millones de dólares en servicios legales gratuitos.
La disputa ahora podría revelar cómo se seleccionaron los despachos y qué buscaba conseguir realmente la Casa Blanca.

La agencia de noticias informó además que el gobierno está intentando frenar los interrogatorios de funcionarios como Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump.
El caso importa también para la defensa de los derechos civiles y la Primera Enmienda, pues está en juego si el poder presidencial puede utilizarse para castigar a abogados por el trabajo que realizan o las causas que defienden.
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