DHS informa que bajó el arribo de inmigrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela a la frontera sur
La llegada de inmigrantes indocumentados de Cuba, Haití y Nicaragua a la frontera sur de Estados Unidos bajó un 97% tras implementar el Título 42 para devolverlos a México o países de origen
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el miércoles datos preliminares del mes de enero, que recogen el número de inmigrantes indocumentados detenidos al cruzar la frontera después que se anunciara la aplicación estricta de expulsiones aceleradas de inmigrantes bajo el Título 42 y el Título 8.
Funcionarios del DHS indicaron que, si la tendencia continúa, el mes de enero podría ser uno de los más bajos en cuanto a la detención de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México, desde febrero de 2021.
DHS destacó que los encuentros de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste han disminuido drásticamente desde que el presidente Biden anunció un programa migratorio ampliado de libertad condicional para estas personas
Para calcular ese descenso del 97%, DHS comparó los datos de la semana del 11 de diciembre del año pasado, cuando cada día se registró una medida de 3,367 detenciones, con los de una semana de enero, en la que ocurrieron 115 arrestos en la frontera suroeste con México.
“Estas medidas ampliadas de aplicación de la ley en la frontera están funcionando”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Es incomprensible que algunos estados que se beneficiarán de estas medidas de aplicación altamente efectivas estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en nuestra frontera sur”.
A principios de enero, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos devolvería a México a inmigrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, expandiendo el uso del Título 42, que permite expulsar a migrantes con una regla sanitaria basada en la pandemia de Covid.
El gobierno de Estados Unidos también anunció la ampliación de un programa que permitirá la entrada a EE.UU. de hasta 30,000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití cada mes, expandiendo así un plan que había lanzado en octubre para conceder visados humanitarios a venezolanos.
Según detallaron los citados funcionarios, hasta 1,700 personas de Cuba, Nicaragua y Haití se han acogido ya a ese programa, y otras miles han empezado el proceso.
Para acogerse a ese programa, sin embargo, los migrantes y refugiados tienen que cumplir una serie de requisitos, como llegar por avión y tener un patrocinador en Estados Unidos que pueda probar que podrá apoyarles en el país.
El gobierno de Biden ya comenzó en octubre a aplicar el Título 42 a los venezolanos, cuya llegada se había incrementado en los últimos meses debido a que EE.UU. y Venezuela no tienen oficialmente relaciones diplomáticas, por lo que Caracas no aceptaba los vuelos de repatriación con los migrantes.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado a Biden por seguir implementando el Título 42 porque viola el derecho de cualquier persona a pedir asilo.
Además, legisladores de su propio partido, el demócrata, le han presionado para que no lo expanda y lo aplique a otras nacionalidades, como a los cubanos, que tradicionalmente han buscado asilo en EE.UU.
Por su parte, el gobierno de Biden se ha defendido diciendo que tiene que seguir aplicando el Título 42 por orden del Tribunal Supremo de EE.UU., que en diciembre aceptó una petición de una veintena de estados gobernados por republicanos y determinó que debía seguir en vigor.
Desde que entró en vigor en 2020, el Título 42 ha permitido el arresto y deportación expedita de más de más de 2.5 millones de migrantes, según datos del International Rescue Committee.
Y pese a que ha disminuido la cantidad de inmigrantes indocumentados intentando la peligrosa ruta para llegar a la frontera dur de Estados Unidos, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el martes contra la administración, alegando que el nuevo programa de inmigración para esos cuatro países que el presidente Biden anunció el mes pasado es ilegal.
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