Comenzó el juicio en Texas en una demanda contra la política de libertad condicional de Biden para inmigrantes de 4 países

Una parte clave de la política de alivio migratorio del presidente Joe Biden que otorga libertad condicional a miles de inmigrantes procedentes de Centroamérica y el Caribe se comenzó a debatir en la sala de un tribunal federal de Texas desde el jueves.

El juez Drew Tipton, del Distrito Federal del Sur de Texas inició el jueves el juicio a causa de una demanda de Texas y otros estados contra el programa migratorio del gobierno del presidente Joe Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Según el programa que otorga visas de permiso humanitario implementado por la Administración, hasta 30,000 personas pueden ingresar cada mes a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La administración Biden defenderá su programa migratorio clave en un caso que podría alterar las operaciones de control de la inmigración en la frontera.

La demanda que tiene que estudiar el juez Drew Tipton, quien en el pasado ha fallado en contra de las políticas migratorias de la Administración de Biden, pone en riesgo esta medida que supone una de las principales herramientas del gobierno para controlar la migración en la frontera sur.

El programa, argumentó el gobierno en un documento presentado ante la corte antes de la audiencia de hoy, ha contribuido a la “reducción de las detenciones” de inmigrantes de estas cuatro nacionalidades en la frontera y a desincentivar “rutas peligrosas” de migración hacia EE.UU.

Como consecuencia, si se llegara a eliminar, argumentaron las autoridades, habrá un “aumento significativo de la migración en la frontera suroeste” del país.

Además, como recordó el gobierno, el permiso humanitario -más conocido por su nombre en inglés “parole”- ha sido usado para permitir la entrad de migrantes a EE.UU. en otros momentos de la historia del país.

Los 20 estados demandantes, encabezados por Texas, consideran que el gobierno está tomando una medida ilegal porque usa el permiso humanitario para conceder la entrada de los migrantes y a su vez les ha obligado a gastar “cientos de millones de dólares” en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del programa.

Los estados señalaron en la petición inicial de demanda ante el tribunal presentada en enero, que el gobierno ha creado un nuevo programa de visa que permite la entrada de miles de extranjeros que, sin ese vía, “no tendrían bases” para llegar legalmente a EE.UU.

De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 181,000 personas han llegado a EE.UU. a través del programa humanitario desde que entró en vigor.

La mayoría de ella, provenientes de Haití (60,000) y Venezuela (55,000), dos países que se encuentran en una grave crisis humanitaria que ha forzado a miles de sus ciudadanos a buscar un mejor futuro en el exterior.

Un golpe para quienes están a la espera de este programa migratorio

Un fallo en contra del programa migratorio no afectaría a las personas que ya entraron al país, pero sí a quienes ya presentaron sus solicitudes y están en la lista de espera, ante la expectativa de que el gobierno les de un permiso para venir a EE.UU, según explicó a la agencia EFE Yael Schacher, directora para las Américas de Refugees International.

“Si el programa se congela, se dejará también de procesar las solicitudes”, subrayó la experta.

Para Rita Sánchez, una venezolana radicada en Miami que ha ayudado a cientos de personas a solicitar el permiso humanitario, esto sería “golpe duro” para quienes aún esperan que se apruebe su petición.

Para solicitar el permiso humanitario, es necesario tener un patrocinador en EE.UU., que pueda probar tener los suficientes recursos económicos para apoyar financieramente al beneficiario. Tanto la personas que busca obtener el “parole”, como el patrocinador deben presentar un formulario ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Actualmente, el DHS tiene en la lista de espera a más de 1.5 millones de personas que han presentado la solicitud para patrocinar un familiar, amigo o conocido para que reciba el permiso, según datos presentados por el gobierno ante el tribunal.

“Son hijos que están afectados emocionalmente al verse alejados de sus padres, madres separadas de sus hijos y familias completas que ven en el programa una luz para salir de la situación” por la que atraviesa su país, subrayó Sánchez. 

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