Cupones SNAP podrían desaparecer en varios estados: aquí la razón
Un cambio en la ley podría obligar a algunos estados a dejar de enviar los cupones SNAP en algunos años. Te decimos por qué sucedería y a partir de cuándo
Por cambios en las leyes, los estados podrían eliminar el programa SNAP, dejando a millones de familias en el desamparo. Crédito: Shutterstock
La posibilidad de que los cupones SNAP se eliminen total o parcialmente en algunos estados ya no es una idea remota. Un cambio en la ley federal que entra en vigor en el año fiscal 2028 podría obligar a varios estados a abandonar el programa debido a costos que, según expertos, serían imposibles de cubrir. La advertencia surge en medio de un escenario donde millones dependen de este apoyo para poder comer cada día.
El detonante es una nueva regla de “cost-sharing” (costo compartido), un esquema de reparto de gastos que nunca antes había existido en SNAP. Desde su creación, el gobierno federal ha financiado el 100% de los beneficios que reciben las familias. Pero la legislación aprobada dentro del amplio paquete fiscal del 4 de julio establece que, a partir de octubre de 2027, los estados deberán pagar una parte de esos beneficios. Esa contribución no será opcional y estará determinada por los índices de errores en los pagos.
Los índices de errores (error rates) miden qué tan bien un estado determina la elegibilidad y el monto adecuado para cada hogar. Incluyen tanto pagos de más como pagos de menos. Aunque los estados no tendrán que aportar dinero hasta 2028, las tasas de error de los años fiscales 2025 y 2026 definirán cuánto tendrán que cubrir. Los primeros indicios muestran que la mayoría enfrentaría obligaciones de cientos de millones de dólares, según analistas consultados.
“Eso casi con certeza llevará a algunos estados a reducir sustancialmente la participación en SNAP y es probable que lleve a otros estados a terminar su participación en el programa por completo”, señala Lauren Bauer, miembro del grupo de investigación de políticas sin fines de lucro Brookings Institution.
El esquema funciona con escalas. Si un estado mantiene una tasa de error de menos del 6%, no tendrá que pagar nada. De 6% a menos de 8%, deberá cubrir el 5% del costo total. Entre 8% y 10%, la contribución sube a 10%. Y con 10% o más, el pago será del 15%.
Únicamente los estados con tasas superiores al 13.32% quedan temporalmente exentos por hasta dos años. Sin embargo, esa excepción no es garantía de alivio permanente.
El impacto en la población sería enorme. El Congreso reconoció que cada estado reaccionará distinto ante esta obligación. En su análisis señaló que “algunos estados mantendrán los beneficios y la elegibilidad actuales; otros modificarán los beneficios o la elegibilidad o abandonarán el programa por completo“. Una salida del programa dejaría sin asistencia a miles de hogares de la noche a la mañana.
Más de 42 millones de personas, equivalentes a más del 12% del país, reciben actualmente SNAP. De ese total, cerca del 40% son niños. Para estas familias, los cupones representan un promedio de apenas $6 dólares al día. Durante el cierre de gobierno de 43 días que comenzó el 1 de octubre, muchos beneficiarios experimentaron lo difícil que es estar solo un mes sin ese apoyo.
El efecto podría extenderse más allá de quienes reciben SNAP. Bauer explicó que los estados podrían verse obligados a “hacer recortes significativos en otras áreas de su presupuesto para hacer espacio a un mayor gasto estatal en SNAP o aumentar impuestos o ingresos por otros medios“. Esto afectaría otros servicios esenciales como educación, salud o transporte.
Existe además el riesgo de que el Departamento de Agricultura suspenda el programa en estados que no cumplan con los requisitos o no paguen su parte.
El USDA “puede considerar que el estado no cumple con las normas y retener fondos federales o rechazar beneficios, impidiendo así que se emitan los beneficios del SNAP a menos que el estado cumpla con las reglas del programa y pague su parte requerida”, comentó Kent Smetters, director del Modelo Presupuestario de Penn Wharton, que analiza la legislación importante.
Reducir las tasas de error no será sencillo. La Asociación Nacional de Gobernadores estudió opciones como aplicar tecnologías de IA, automatizar procesos y mejorar la capacitación de empleados. Aun así, advirtió que “dos tercios de los estados podrían tener que pagar $100 millones de dólares por una penalización de reparto de costos”.
El promedio nacional de error fue de 10.93% en 2024, una cifra que revela lo difícil que será llegar por debajo del 6%. Desde 2003, solo Dakota del Sur ha logrado mantenerse siempre por debajo de ese umbral.
El panorama empeora porque, desde el año fiscal 2027, los estados también deberán pagar el 75% de los gastos administrativos de SNAP, un aumento desde el actual 50%. Esto deja menos fondos disponibles para corregir errores y evitar multas. El Centro sobre Pobreza y Desigualdad de la Escuela de Leyes de Georgetown calcula que los estados tendrán que invertir entre dos y tres veces más de su presupuesto actual para mantener SNAP funcionando.
Mientras tanto, la administración federal sostiene que no pretende frenar la entrada en vigor de la ley. Bauer afirmó que el gobierno insiste en que está “combatiendo el fraude”. La única manera de detener este cambio sería que el Congreso apruebe una nueva ley que elimine la obligación.
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