Supervisor de CBP acusado de alojar a su novia indocumentada en Texas
Andrés Wilkinson, supervisor de CBP, enfrenta cargos por alojar y transportar a su novia indocumentada y su hijo menor en Texas
Agente de CBP Crédito: AP
Andrés Wilkinson, de 52 años, supervisor de Aduanas y Protección Fronteriz (CBP) enfrenta cargos por supuestamente dar alojamiento y transporte a su novia indocumentada, identificada como Elva Edith García-Vallejo, informó el Departamento de Justica.
Wilkinson quien trabaja con la agencia desde 2001, fue ascendido a supervisor en 2021, donde tenía a su cargo la supervisión de la aplicación de las leyes aduaneras y de inmigración, se le señala de aprovechar ese puesto con privilegios para beneficia a su novia.
La mujer también residía en la vivienda del supervisor Wilkinson junto a su hijo menor.
Y es que en ese puesto supervisaba la aplicación de las leyes aduaneras y de inmigración, incluyendo los controles fronterizos y la fiscalización de entradas al país, lo que lo convertía en responsable de hacer cumplir las normas que ahora se le imputan haber violado.
Las autoridades comenzaron a investigarlo luego de enterarse de que su novia residía en su casa pese a estar en situación migratoria irregular. Según la denuncia penal, la mujer ingresó a Estados Unidos con una visa de no inmigrante en agosto de 2023, pero permaneció más tiempo del permitido.
Autoridades vigilaron al supervisor migrantes
Durante la investigación, entre junio y noviembre de 2025, los agentes observaron que la mujer vivía con Wilkinson junto a su hijo menor y que manejaba vehículos registrados a nombre del supervisor, según documentos judiciales. Hace unas semanas, las autoridades entrevistaron a la migrante para confirmar su estancia y obtener más detalles sobre la relación con Wilkinson.
La denuncia indica que el supervisor le proporcionó apoyo financiero desde agosto de 2024, incluyendo alojamiento, tarjetas de crédito y asistencia económica. Además, la acusación señala que la trasladó a sabiendas a través de los puestos de control de la Patrulla Fronteriza, lo que constituye un delito federal.
De ser declarado culpable, Wilkinson podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal y una multa máxima de 250.000 dólares. El caso está actualmente en un tribunal federal en Texas, y las autoridades subrayan la gravedad de que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley haya presuntamente violado las normas que supervisa.
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