Activistas piden orden judicial por condiciones en centro de detención de ICE en Adelanto
La solicitud de mejoras urgentes se presentó ante las condiciones inhumanas en la instalación; la petición se acompañó con docenas de testimonios de detenidos
Defensores de inmigrantes exigen la intervención de un tribunal ante las condiciones en la instalación de ICE en Adelanto. Crédito: Chris Carlson | AP
Activistas defensores de los derechos humanos de los inmigrantes presentaron una solicitud para pedir una orden judicial de emergencia por las condiciones en las que se encuentra el Centro de Detención de ICE en Adelanto.
La petición fue presentada por Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef) y el bufete de abogados Willie Farr & Gallagher LLP.
La coalición presentó una solicitud de medida cautelar en su demanda colectiva federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por las condiciones en el Centro de Procesamiento de ICE en el condado de San Bernardino.
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La solicitud pide a un tribunal federal que ordene mejoras inmediatas y concretas antes de que más personas sufran daños irreparables.
Junto a la petición se presentaron más de dos docenas de declaraciones juradas —de personas detenidas y que han estado en esa situación— para ofrecer el relato público más detallado hasta la fecha sobre la vida que enfrentan las personas bajo custodia en la instalación de ICE en Adelanto.
Los testimonios reflejan una negligencia sistemática, con personas con afecciones médicas graves que pasan semanas sin medicamento ni atención, comida descrita como podrida e incomestible, agua potable contaminada y un patrón de represalias contra cualquiera que se atreva a alzar la voz.
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La instalación, operada de forma privada por Grupo GEO en el desierto alto de California, tiene a cerca de 2,000 personas bajo custodia en espera de procedimientos civiles de inmigración.
Un elevado porcentaje de los inmigrantes que están en el centro de detención de ICE nunca ha sido condenado por ningún delito. Sin embargo, varios de los declarantes describieron las condiciones como peores que las de una prisión estatal o federal.
La abogada supervisora de Public Counsel, Rebecca Brown, afirmó que la evidencia presentada ante el tribunal era abrumadora.
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“Una tras otra, en sus propias palabras, describen los mismos fallos catastróficos: médicos que rechazan a pacientes, agua demasiado contaminada para beber, personas confinadas en aislamiento por exigir una ducha que funcione”, dijo Brown.
“Esto no es una serie de incidentes aislados, sino el funcionamiento rutinario de este centro. Un tribunal debe intervenir ya“, agregó la abogada.
El director de litigio y defensa del ImmDef, Álvaro M. Huerta, aseguró que en las últimas dos semanas, cinco niños perdieron a sus padres, Alberto Gutiérrez Reyes e Irvin Cruz Nape, porque agentes de ICE en la instalación de Adelanto presuntamente ignoraron sus solicitudes de ayuda médica.
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“Ninguna instalación en este país debería poder operar si se ignoran las crisis médicas, las enfermedades se propagan sin control, el moho cubre las paredes y la comida y el agua están contaminadas para consumir”, dijo Huerta.
“Sin embargo, esta es la vida cotidiana de las personas encarceladas en Adelanto, donde por alzar la voz se arriesgan a represalias y aislamiento. Solicitamos una orden judicial porque este sistema de abuso debe terminar de inmediato, antes de que se pierdan más vidas”, agregó el director de litigio de ImmDef.
La directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, mencionó que cada nueva muerte en un centro de detención de ICE representa un fracaso moral que debería conmocionar la conciencia de este país.
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“Las condiciones están empeorando: las instalaciones están sobrepobladas, se les niega a las personas el acceso oportuno a atención médica y la constante negligencia está socavando la moral y la humanidad de los detenidos”, expresó Salas.
La directora ejecutiva de CHIRLA agregó que, en lugar de derechos básicos y dignidad, los detenidos se enfrentan a la indiferencia y el abuso, mientras que las corporaciones se lucran con su sufrimiento.
“Estamos indignados, y por eso demandamos y exigimos responsabilidades a estas empresas, porque nadie debería lucrarse con el dolor y la deshumanización de nuestras comunidades”, declaró Salas.
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