Administración Trump retiene $1,300 millones a California por Medicaid

El vicepresidente J.D. Vance anunció la retención de fondos para Medicaid por fraudes en California; fiscal estatal Rob Bonta dice que es por motivos políticos

Vice President JD Vance speaks to the media from the Eisenhower Executive Office Building on the White House campus, Wednesday, May 13, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

El vicepresidente J.D. Vance dijo que la retención de pagos es por fraudes en Medicaid. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

La administración Trump retiene $1,300 millones de dólares a California en pagos de Medicaid, anunció este miércoles el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

El funcionario amenazó con suspender la financiación del gobierno federal a todos los estados en caso de que no persigan enérgicamente el fraude en sus respectivos programas de Medicaid.

Vance aseguró que la administración Trump tiene en la mira a California tras considerar que el Estado Dorado no estaba tomando el fraude en serio.

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“Hay contribuyentes de California y contribuyentes estadounidenses que están siendo defraudados porque California no se toma en serio su programa; pero, además, hay personas a las que se les han recetado medicamentos que ni siquiera necesitan”, declaró Vance en una conferencia de prensa.

“Se les han administrado fármacos que no requerían, ya que los estafadores han fomentado la emisión de recetas falsas y la administración fraudulenta de medicamentos”, agregó el vicepresidente, en declaraciones que hizo en la Casa Blanca.

No sería la primera ocasión en que el gobierno del presidente Donald Trump toma una medida así, después de la que adoptó en febrero de este año, cuando suspendió los pagos de Medicaid a Minnesota.

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Vance dijo que el gobierno está notificando a los 50 estados que podría congelar la financiación destinada a sus Unidades de Control de Fraude en Medicaid si no se persigue con firmeza el fraude en dicho programa.

Esas unidades, presentes en cada estado, se encargan de investigar y procesar los casos de fraude cometidos por los proveedores de servicios de Medicaid.

Vamos a cortar el flujo de fondos que reciben estas unidades antifraude“, advirtió el vicepresidente, en caso de que no cumplan con su labor.

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J.D. Vance adelantó que, si se siguen detectando irregularidades, también podrían suspender a los estados otros recursos dentro de sus respectivos programas de Medicaid.

“Actualmente, contamos con estados ‘rojos’ y estados ‘azules’ que combaten el fraude con determinación. Sin embargo, lamentablemente, también tenemos algunos estados —en su mayoría ‘azules, por desgracia— que no se toman muy en serio el fraude de Medicaid“, dijo.

El vicepresidente mencionó que quieren proteger a Medicaid, pero aclaró que no pueden lograrlo si permiten que los estados encargados de administrar los programas dejen que los estafadores roben impunemente.

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“Por ello, instamos a todos —ya sea California, Nueva York, Maryland u Ohio— a que colaboren con nosotros. Queremos ayudarles a utilizar la tecnología y otras herramientas para erradicar el fraude y atacar el problema de raíz”, expresó Vance.

En relación con la retención de los pagos a California, el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dijo que los registros del estado han generado señales de alerta importantes.

Según Oz, el gobierno federal necesita que California aclare $630 millones de dólares en facturación, $500 millones en servicios de salud a domicilio y $200 millones en “gastos cuestionables” vinculados a la cobertura para inmigrantes indocumentados.

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Es el aplazamiento más grande que jamás hayamos realizado. Lo hacemos por una buena razón. Nos gustaría que el estado, al menos, se siente a la mesa y nos explique cómo se han generado estos pagos atípicos”, expresó Oz.

Tras el anuncio de los funcionarios federales, en California, la oficina del gobernador Gavin Newsom criticó a Vance y a Oz en publicaciones en redes sociales.

“Una vez más, California parece estar en la mira únicamente por razones políticas“, escribió el fiscal general de California, Rob Bonta, en una publicación en las redes sociales.

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