Hechos de la semana en inmigración: otra muerte de un inmigrante a manos de ICE
La violencia en operativos de ICE, nuevas reglas migratorias y denuncias por abusos marcaron otra semana en EE.UU.
Manifestantes exigen justicia por la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero y otras víctimas de operativos de ICE. Crédito: Robert F. Bukaty | AP
Esta semana abrió con la trágica muerte a tiros del inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años de edad, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, tan solo seis días después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, el 7 de julio, también por un agente de ICE.
Las muertes de dos latinos trabajadores y padres de familia han generado vigilias y manifestaciones a través del país pidiendo investigaciones independientes que resulten en la rendición de cuentas de los responsables de las muertes y por la violencia que caracteriza los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump.
Joan Sebastián Durán Guerrero, al igual que Lorenzo Salgado Araujo, fue interceptado por agentes migratorios mientras manejaba rumbo al trabajo y fue tiroteado en su auto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alega que el agente migratorio disparó contra Joan Sebastián por razones de “seguridad pública”. En el caso de Salgado Araujo, la agencia argumentó que el agente disparó en “defensa propia” porque el inmigrante alegadamente empleó su vehículo “como un arma” para atropellarlo. Los tres testigos que viajaban en la camioneta de Lorenzo, y que están detenidos por ICE, desmienten esa versión y aseguran que la vida del agente nunca corrió peligro.
Ahora el gobierno intenta incluso justificar la intervención con Salgado Araujo alegando que existía una orden para revisar la camioneta por sospecha de presencia de narcóticos, reportó La Opinión.
“Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la orden judicial no utiliza como fundamento principal el presunto ataque contra agentes federales anunciado días antes por ICE, sino la posible presencia de narcóticos”, escribió el diario.
“La analista legal de KHOU 11, Carmen Roe, consideró inusual que el documento se hiciera público en una etapa tan temprana de la investigación”, dice el artículo. “Parece un intento del gobierno de reinterpretar la situación que todos vimos desarrollarse”, afirmó Roe, quien “cuestionó que el FBI dedicara recursos a una posible posesión de drogas cuando aún existe una investigación abierta sobre el tiroteo”.
La Opinión también destacó un artículo de The Atlantic que señala que el agente que disparó contra Joan Sebastián era un nuevo recluta que previamente trabajó como policía del Departamento de Asuntos de Veteranos.
Y es que el gobierno de Trump ha impuesto la cuota de 2,000 detenciones diarias y para eso necesita más agentes y más espacio para encerrar a los detenidos.
Según The Atlantic, “la agencia incorporó cerca de 8,000 nuevos agentes durante los últimos meses. Como parte de ese proceso, algunos recibieron una capacitación reducida antes de salir a las calles”.
Con estos dos decesos, ya son 11 las personas que han muerto a tiros a manos de agentes migratorios desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.
Continuará la detención de vehículos
Tras las muertes de Salgado Araujo y Joan Sebastián, el gobierno de Trump indicó que frenaría temporalmente las paradas de tránsito para “reentrenar” a los agentes, pero al día siguiente el propio presidente dio marcha atrás.
“No podemos renunciar a una de las herramientas de lucha contra el crimen más importantes y efectivas del ICE, ¡las detenciones de tráfico!”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social.
Otro detalle es que en ambos incidentes los agentes no portaban cámaras corporales a pesar de tener $20 millones a su disposición para comprarlas.
La Opinión escribió que tras los tiroteos, ICE ordenó el uso de cámaras por los equipos de arresto.
“Garantizar que todos nuestros agentes del ICE cuenten con cámaras corporales en todo el país es una prioridad absoluta para el DHS”, según un comunicado de prensa citado por La Opinión.
“Cementerio de personas vivas”: informe de HRW
Mientras se intensifica el debate por el uso de fuerza letal por parte de ICE, Human Rights Watch (HRW) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron un informe sobre maltratos en el centro de detención de Camp East Montana, en los terrenos de la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas, escribió EFE, vía La Opinión.
El reporte denuncia “golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado, condiciones insalubres, y ha habido muertes”.
Los grupos sostienen que “los abusos documentados constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y califican la muerte de (el detenido) Lunas Campos como una “ejecución extrajudicial” conforme al derecho internacional”.
“La organización entrevistó a 71 personas que estuvieron detenidas en el centro, todas procedentes de doce países de Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de ellas (64) denunció haber sido golpeada o haber presenciado golpizas contra otros detenidos por parte de los guardias del centro”, dice el artículo.
“Lunas Campos, padre de cuatro hijos, fue uno de los tres inmigrantes muertos en Camp East Montana en los últimos seis meses y uno de los 50 fallecidos bajo custodia de ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 31 en 2025 y otros 19 en lo que va de 2026, según datos de la organización Detention Watch Network”, agrega el artículo.
Gobierno propone regla más estricta de “carga pública”
Entretanto, La Opinión reportó que “la administración del presidente Donald Trump volverá a aplicar una interpretación más estricta de la llamada prueba de carga pública, un criterio que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerar si algunos inmigrantes utilizaron programas financiados con recursos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia para la vivienda, al momento de decidir si pueden obtener la Green Card”.
“Especialistas consideran que el mayor impacto podría ser indirecto. El propio departamento calcula que cerca de 950,000 personas pertenecientes a hogares de inmigrantes podrían dejar de solicitar beneficios públicos por temor a que esto afecte sus posibilidades de obtener la residencia permanente”, agrega el artículo.
Asimismo, el Departamento de Estado considera imponer una fianza de $100 mil a los solicitantes de la tarjeta de residencia.
La Opinión informó que “a través de un comunicado dirigido al diario The Hill, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado (DOS), señaló que, con el objetivo de garantizar que los inmigrantes sean “financieramente autosuficientes”, se está evaluando una propuesta de exigirles un depósito mediante el cual se demuestre que, en lugar de proyectarse como una carga financiera para el gobierno, su presencia en el país puede significar una aportación al emprender algún proyecto”.
Trump ya intentó aplicar el mismo depósito a los solicitantes de la visa H-1B, pero al final dio marcha atrás. Este nuevo intento puede interpretarse como otro esfuerzo más para frenar la inmigración autorizada por parte de su gobierno.
Cita de la semana
“Un arma no es una licencia para matar. Estos agentes no tienen por qué sacar sus armas. No son jueces, jurado ni verdugos, y no tienen derecho a matar a la gente como lo están haciendo”, declaró a Mother Jones, Katie, una maestra de 48 años de New Hampshire, reaccionando a la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, a manos de un agente de ICE.
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