Trump revive la carga pública: familias con estatus mixto serán las más afectadas
La norma otorga amplias facultades a los funcionarios de inmigración para determinar si un solicitante podría llegar a depender de los programas sociales
Las familias retiran a sus hijos de programas de alimentación y salud por miedo a no poder ajustar su estatus migratorio. Crédito: Wilfredo Lee - Archivo | AP
La Administración Trump ha reactivado la norma de la carga pública, una disposición que amplía considerablemente el alcance de quiénes se verán afectados y que niega la residencia permanente a los solicitantes que utilizan o emplearán beneficios públicos como Medicaid, asistencia para la vivienda o cupones de alimentos.
“La norma de la carga pública regresará el 18 de septiembre, y es más amplia que el criterio aplicado desde 2022”, dijo Xiao Wang, director ejecutivo y cofundador de la organización Boundless Immigration, durante la videoconferencia “Nuevas reglas para la carga pública tienen un impacto desalentador en los inmigrantes y sus niños”, organizado por American Community Media (ACoM).
“Mientras que anteriormente los funcionarios de inmigración seguían pautas específicas para negar una solicitud de residencia permanente, basándose en si el solicitante demostraba suficiente estabilidad financiera para no convertirse en una carga pública ahora disponen de un amplio margen de discrecionalidad”, señaló Wang.
Explicó que se trata no solo de si ya han recibido Medicare, asistencia alimentaria o ayuda para la vivienda sino también de considerar si podrían llegar a depender de ellas en el futuro.
“Esta norma aún no ha entrado en vigor; sin embargo, el temor que genera y su repercusión en las familias de todo el país y en su salud tienen un impacto tan significativo como el número de solicitudes que finalmente podrían verse afectadas por la medida”.
Mencionó que la última vez que esta administración intentó implementar algo así, las familias retiraron a sus hijos de programas de alimentación y salud por miedo, a pesar de que, en la mayoría de los casos, los beneficios recibidos por los niños no habrían afectado a la solicitud de residencia permanente de los padres.
¿A quiénes afecta?
El grupo principal afectado está compuesto por personas que solicitan la tarjeta de residencia desde dentro de Estados Unidos, un proceso técnicamente conocido como ajuste de estatus; y aquellas que la solicitan desde el extranjero como cónyuges, padres e hijos.
Es decir que la gran mayoría son casos de reunificación familiar que involucran a familiares directos e inmediatos de ciudadanos estadounidenses y de titulares de residencia permanente.
Están exentos los refugiados y asilados; los menores inmigrantes especiales (niños que han sufrido abuso, abandono o negligencia); las víctimas de trata de personas y de ciertos delitos (como los titulares de visas T y U); y las personas amparadas por la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
La carga pública no se aplica a los procesos de naturalización o ciudadanía estadounidense; así que, si ya tiene la residencia permanente y solicita la naturalización, los beneficios que haya recibido no influyen en la decisión.
Los beneficios recibidos después del 18 de septiembre se contabilizan bajo estos nuevos criterios, mientras que las solicitudes de residencia presentadas antes de esa fecha se rigen por la norma actual (más limitada), aunque su resolución tarde seis, doce o más meses adicionales.
Los beneficios recibidos por familiares, incluidos los hijos que son ciudadanos estadounidenses, como Medicaid o la asistencia alimentaria, no se consideran beneficios recibidos por los propios solicitantes.
Por tanto, las familias renuncian a beneficios para sus hijos, sobre todo para protegerse ante un riesgo que, en realidad, no existe.
El impacto en Medicaid y CHIP
Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias y profesora investigadora de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, dijo que la carga pública contiene un efecto disuasorio en niños que son ciudadanos pero tienen un padre inmigrante o incluso un ciudadano naturalizado.
“Esto afecta a uno de cada cuatro niños en Estados Unidos. Estamos hablando de que entre el 40% y el 50% de los menores en Estados Unidos obtienen su seguro médico a través de Medicaid o CHIP (Programa de seguro de salud para niños)”.
Dijo que han visto descensos muy pronunciados en las cifras de inscripción en Medicaid y CHIP, específicamente en el caso de los niños, que se sospecha pertenecen a familias de estatus migratorio mixto.
“Desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2025, hemos observado que hay 2.3 millones de niños menos inscritos en Medicaid y CHIP. Aproximadamente un millón, una cifra devastadora”.
Dijo que una de las razones para esta baja, aún cuando no ha entrado en vigor la carga pública, tiene que ver con que en las familias de estatus migratorio mixto, los padres temen inscribir a sus hijos en Medicaid y CHIP debido a la agenda de deportaciones extraordinariamente agresiva.
“Tienen miedo porque, por primera vez en la historia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha declarado que compartirá datos de Medicaid y CHIP con el ICE. Si bien hay litigios en curso al respecto, la medida sigue vigente”.
Señaló además que algunos estados como Indiana están promulgando leyes severas que exigen reportar a personas de familias inmigrantes.
Anticipan más miedo
La doctora Giridhar Mallya, médico especialista en salud pública y funcionario superior de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson, dijo que la norma de la carga pública va a empeorar aún más una situación ya difícil, especialmente en el caso de las familias con hijos ciudadanos estadounidenses que han vivido aterrorizadas durante los últimos 18 meses.
Consideró que dar un enorme margen de discrecionalidad a los agentes de inmigración, conducirá a decisiones erróneas, tomadas deliberadamente para reducir el número de personas que utilizan estos programas de beneficios públicos esenciales.
“En la primera Administración Trump, la norma de la carga pública tuvo un impacto enorme en los niños de hogares con estatus migratorio mixto. Más de 700.000 niños de estas familias perdieron los beneficios de SNAP (cupones de alimentos) en un periodo de solo dos años”.
Pero dijo que esto no es lo único que está sucediendo con el SNAP en este momento, ya que durante el último año y medio, la administración Trump lo recortó drásticamente por casi $200,000 millones durante la próxima década.
Al mismo tiempo que están compartiendo datos entre las agencias que administran Medicaid y SNAP y aquellas encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración.
En conclusión, dijo que la participación en el programa SNAP ha disminuido en 4.5 millones de personas tan solo en los últimos nueve meses, cifra que incluye a casi un millón y medio de niños.
“Se trata de descensos enormes que no se veían desde la década de 1990, y eso sin que se hayan implementado aún todas las medidas previstas”.
¿Qué debemos hacer?
Wang aconseja: en primer lugar, si usted está listo para presentar una solicitud de residencia permanente legal, hágalo antes del 18 de septiembre. De este modo, se mantendrá bajo la normativa actual, que es más limitada.
En segundo lugar, trate de buscar a un abogado a través de una organización local sin fines de lucro, ya que es más importante que nunca obtener claridad y poder conversar sobre qué requisitos se cumplen y cuáles no, así como saber qué tipos de beneficios a los que usted tiene derecho y que no se verán afectados por esta norma.
