California aprueba ley que protege a proveedores de servicios a inmigrantes

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) vio con beneplácito la promulgación, por parte del gobernador Gavin Newsom, de la ley AB 2624, de privacidad para los proveedores de servicios de apoyo a la inmigración en California.

El Proyecto de Ley AB 2624 prohíbe a una persona, empresa o asociación solicitar, vender o intercambiar en internet la información personal o la imagen de un proveedor de servicios de apoyo a inmigrantes para utilizar esa información en cometer un delito que implique violencia o una amenaza de violencia.

La norma, conocida como “ley para detener a Nick Shirley”, sugiere que si un periodista, como Shirley, expone un fraude cometido por una organización que presta servicios a inmigrantes, y alguien más decide amenazar a esa organización, entonces el periodista ha cometido un delito.

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Con la promulgación de la ley AB 2624 por parte del gobernador Newsom, se protege la privacidad de los proveedores de servicios de apoyo a la comunidad inmigrante.

“Agradecemos al gobernador Gavin Newsom y a la Legislatura de California por su apoyo a las personas que apoyan a las comunidades inmigrantes y por promulgar la ley AB 2624″, declaró la directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, en un comunicado de la coalición.

Salas dijo que, actualmente, los proveedores de servicios de inmigración, defensores y voluntarios enfrentan acoso, intimidación, divulgación de información personal y amenazas, y California respalda a quienes se dedican a servir a inmigrantes, garantizado que no deban elegir entre su trabajo y su seguridad personal.

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El proyecto de ley fue presentado por la asambleísta Mia Bonta y extendería el sistema de confidencialidad de direcciones Safe at Home, vigente desde hace años en California, a los proveedores, empleados y voluntarios de apoyo a la inmigración que cumplan con ciertos requisitos.

Se incluyen oficinas de organizaciones sin fines de lucro, clínicas legales comunitarias, bufetes de abogados y centros de salud que ofrecen servicios a inmigrantes.

Los solicitantes deberán documentar su relación con una instalación protegida, aportar pruebas de amenazas, acoso o violencia recientes y presentar una declaración jurada explicando sus preocupaciones en materia de seguridad.

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“Este es un paso importante para garantizar que quienes ayudan a las familias a desenvolverse en un sistema de inmigración cada vez más hostil puedan continuar su labor sin temor“, agregó Salas.

La directora ejecutiva de CHIRLA agradeció a la asambleísta Bonta por impulsar el proyecto de ley, así como a los líderes legislativos y colaboradores que contribuyeron a su aprobación.

“California demostró una vez más que proteger a las comunidades inmigrantes también implica proteger a quienes las atienden“, reiteró Salas.

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Los críticos de la norma argumentan que podría usarse en contra de los periodistas ciudadanos que acceden a lugares públicos, graban a empleados e investigan organizaciones que reciben dinero de los contribuyentes.

El periodista ciudadano Nick Shirley es conocido por sus videos provocadores que denuncian fraudes relacionados con programas financiados por el gobierno, Consideró que la ley podría proteger a las organizaciones dudosas del escrutinio público.

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