Corte Suprema de EE.UU. levanta restricciones para redadas en Los Ángeles
El máximo tribunal de EE.UU. apeló el fallo de una jueza, que en julio detuvo los operativos de las agencias federales de inmigración en Los Ángeles
Las redadas de migración infunden miedo a las víctimas inmigrantes para reportar la violencia doméstica y los delitos graves que sufren. Crédito: Gregory Bull | AP
La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes las restricciones para que agentes federales puedan llevar a cabo operativos de inmigración en Los Ángeles, lo que representa una victoria para la administración Trump.
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal de Estados Unidos apeló el fallo de una jueza federal que detuvo temporalmente en julio las redadas migratorias en Los Ángeles, basadas en la apariencia de las personas, el idioma que hablan o el trabajo que realizan.
La decisión de la Corte Suprema bloquea la orden de la jueza Maame Frimpong, del Distrito Central de California, que el 11 de julio prohibió temporalmente las redadas indiscriminadas en Los Ángeles y en otros siete condados, la cual fue ratificada el 1 de agosto por el Noveno Circuito de Apelaciones.
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La administración Trump consideró que la orden de la jueza restringía erróneamente a los agentes que llevaban a cabo sus operativos en contra de inmigrantes que no tienen documentación para permanecer legalmente en el país.
En julio, la jueza Frimpong determinó que las tácticas de control de inmigración de los agentes de ICE violaban la Constitución, tras las demandas presentadas, entre las que había ciudadanos estadounidenses detenidos en controles migratorios.
La decisión 6-3 de la Corte Suprema de este lunes ocurre mientras los agentes de ICE también intensificaron las redadas en la capital de Estados Unidos, en medio de una toma de control federal sin precedentes de la aplicación de la ley en Washington, con el despliegue de la Guardia Nacional.
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La demanda continúa ahora en California, que fue interpuesta por grupos de defensa de los inmigrantes que acusan al gobierno de Trump de atacar sistemáticamente a las personas por su raza durante sus operativos en Los Ángeles y el sur de California.
Abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron que los agentes de inmigración seleccionan a las personas por su presencia ilegal en el país, y no por su color de piel, raza ni etnia.
A pesar de eso, el Departamento de Justicia dijo que la orden restringía erróneamente los factores que los agentes de ICE pueden utilizar para decidir a quién detener.
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En Los Ángeles, pese a la orden de la jueza de detener los operativos de inmigración, las agencias federales continuaron con las redadas, en particular en estacionamientos de las tiendas Home Depot de Los Ángeles y en centros de lavado de autos.
Desde que se intensificaron las redadas de ICE el 6 de junio, Los Ángeles se convirtió en un frente de batalla para el gobierno de Trump debido a grandes manifestaciones en protesta por la presencia de los agentes de inmigración.
Por las protestas, Trump federalizó a la Guardia Nacional de California para desplegar a más de 4,000 soldados, junto con 700 marines enviados desde su base en Camp Pendleton, para proteger instalaciones federales y salvaguardar a los agentes de inmigración.
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Los demandantes argumentaron que la orden de la jueza únicamente impide a los agentes federales llevar a cabo arrestos sin sospecha razonable, algo que se empata con la Constitución y el precedente de la Corte Suprema.
“Numerosos ciudadanos estadounidenses y otras personas que residen legalmente en este país han sufrido importantes intrusiones en su libertad. Muchos han sufrido lesiones físicas, al menos dos fueron trasladados a un centro de detención“, dijeron los abogados de los demandantes.
El gobierno de Trump dijo que la orden era demasiado restrictiva y amenazó a los agentes con sanciones si el tribunal no cree que se basara en factores adicionales para llevar a cabo una detención en particular.
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El Procurador General D. John Sauer argumentó que la orden no puede sostenerse bajo la reciente decisión del Tribunal Superior que restringe los mandatos judiciales universales, aunque los demandantes no estuvieron de acuerdo.
La orden de Frimpong prohíbe a las autoridades usar factores como la raza o la etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como un lavado de autos, o la labor de una persona como única base para detenerlo.
Esta orden abarca una población combinada de casi 20 millones de personas, casi la mitad de las cuales se identifica como hispana/latina.
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Las redadas de inmigración en Los Ángeles han generado un fuerte rechazo social e incluso enfrentamientos con los agentes federales, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra la administración Trump.
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