Defensores del voto impugnan orden de Trump sobre voto por correo y denuncian ilegalidad
La demanda advierte que la medida busca alterar reglas estatales y limitar el acceso al voto en EE.UU.
El Servicio Postal juega un papel muy importante en el voto por correo. Crédito: Rick Bowmer | AP
Un grupo de organizaciones defensoras del derecho al voto presentó una demanda contra la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre el voto por correo, al considerar que representa una “injerencia ilegal” en el sistema electoral estadounidense y una amenaza directa al acceso de millones de votantes.
La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts después de que la administración federal anunciara la medida. Según los demandantes, la orden pretende modificar de forma sustancial cómo se administra el voto en ausencia, al exigir la creación de listas de votantes elegibles en cada estado y limitar el envío de boletas únicamente a quienes figuren en esos registros.
“La Constitución es clara: son los estados y el Congreso quienes establecen las reglas de las elecciones”, señala la demanda. En ese sentido, advierten que la orden ejecutiva “busca anular leyes estatales vigentes y transformar al Servicio Postal de Estados Unidos, de un ente neutral, en un árbitro de quién puede votar por correo”.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones calificaron la medida como “un intento ilegal y peligroso” de concentrar el control electoral en el Ejecutivo federal. “Esta orden socava décadas de legislación estatal y federal diseñada para garantizar elecciones accesibles y seguras”, indicaron.
En los últimos años, el voto por correo se ha convertido en un pilar del sistema electoral estadounidense, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que impulsó su uso masivo. Sin embargo, también ha sido blanco de críticas por parte de Trump, quien ha insistido —sin pruebas concluyentes— en que este mecanismo facilita el fraude electoral.
La orden ejecutiva forma parte de una estrategia más amplia para endurecer los controles sobre el voto en ausencia. Entre otras cosas, plantea centralizar la verificación de elegibilidad de votantes y reforzar el papel de agencias federales en procesos tradicionalmente gestionados a nivel estatal.
La demanda advierten que el presidente no tiene autoridad constitucional para imponer cambios de esta magnitud. De hecho, la Corte Suprema ha sostenido en fallos previos que los estados tienen amplia autonomía para regular sus procesos electorales, siempre dentro de los límites federales.
“La medida podría excluir a votantes elegibles, incluidos militares en el extranjero, ciudadanos residentes fuera del país y personas con discapacidad”, subraya la demanda. También advierte que imponer nuevos requisitos administrativos a corto plazo podría generar confusión entre autoridades electorales y votantes.
Los demandantes recuerdan además que intentos previos de modificar reglas electorales mediante órdenes ejecutivas han sido bloqueados por tribunales federales. “No sería la primera vez que una acción de este tipo es rechazada por exceder las facultades del Ejecutivo”, señalaron.
Para las organizaciones civiles, la respuesta es clara. “Esto no es solo un tema técnico, es una cuestión de derechos fundamentales”, afirmaron. De prosperar la orden, concluyen, el impacto podría ir más allá de un ciclo electoral, afectando la confianza pública en el sistema democrático estadounidense.
Sigue leyendo:
