Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba extender protección contra desalojo de inquilinos
Concejales de Los Ángeles aprobaron un plazo de 120 días para que inquilinos que esperan ayuda financiera del programa de asistencia más reciente de la ciudad puedan cubrir sus pagos de alquiler atrasado
Inquilinos con deuda de alquiler atrasado tienen 120 días más de plazo para hacer sus pagos. Crédito: Shutterstock
El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este viernes una ley municipal que impide a los dueños de viviendas a desalojar a inquilinos que esperan el desembolso financiero del programa de asistencia de alquiler más reciente emitido por parte de la ciudad.
Con una votación unánime de 13-0, los concejales autorizaron la ley que contempla el apoyo a los inquilinos, que en un alto número tienen adeudos de alquiler acumulados durante la pandemia de COVID, específicamente entre el 21 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2023.
La ley aprobada prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos durante un periodo de 120 días a partir del 1 de febrero de 2024, que era la fecha límite para el pago de alquiler atrasado.
Esta ley no se aplicará a otras solicitudes de ayuda de alquiler atrasado pendientes fuera de aquellas que esperan fondos durante el periodo mencionado, y las protecciones no cubrirán los desalojos relacionados con la deuda de alquiler.
En el caso de que un solicitante tiene un trámite pendiente de esta última ronda de alivio del alquiler, pero el inquilino también enfrenta un desalojo por causa justa, corre el riesgo de enfrentar la posibilidad de ser desalojado.
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Durante la votación de este viernes no estuvieron presentes los concejales Curren Price e Imelda Padilla.
La ley municipal necesita que sea aprobada por la alcaldesa Karen Bass para que sea promulgada.
El 24 de enero, los concejales Eunisses Hernández, Paul Krekorian, Nithya Raman y Hugo Soto-Martínez presentaron una moción en la que solicitaban a la Oficina del fiscal de la ciudad la redacción de la ordenanza.
Además, se pidió al Departamento de Vivienda para que informe sobre los mecanismos necesarios para garantizar que un propietario que haya aceptado fondos de ayuda al alquiler de la ciudad no desaloje a sus inquilinos que deban menos que el alquiler justo de mercado.
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La semana pasada, los miembros del Concejo Municipal tuvieron un intenso debate sobre la moción y se aprobó con una enmienda.
Previo a la votación, Eunisses Hernández enfatizó la importancia de contar con la ley que garantice que los inquilinos permanecieran en sus viviendas mientras la ciudad clasifica las más de 31,000 solicitudes presentadas para obtener ayuda financiera del Programa de Asistencia de Emergencia para Inquilinos de la Medida ULA.
Los funcionarios de la ciudad reservaron $31 millones de dólares de fondos de la Medida ULA para el programa.
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De acuerdo con datos del Departamento de Vivienda, se entregaron 31,362 solicitudes a la ciudad de Los Ángeles por un monto aproximado de $472 millones de dólares en reclamaciones. A pesar de que el periodo de solicitudes cerró en octubre de 2023, la ciudad solo ha desembolsado $7.9 millones de dólares hasta enero.
“Es financieramente responsable para nosotros mantener a la gente en sus hogares y fuera de nuestras calles cuando volver a alojar a una persona cuesta decenas de miles de dólares”, expresó Hernández.
“Es financieramente responsable garantizar que los $30 millones (de dólares) que hemos invertido en ULA, cumplan su propósito y proporcionen un salvavidas a miles de inquilinos“, añadió.
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La concejal dijo que, cuando se sabe que son elegibles, no deberían dejar el dinero “acumulando polvo” cuando puede representar un mecanismo que salve vidas para miles de personas.
Hernández también recordó a los demás concejales que deben hacer todo lo que esté en sus manos para proteger a las personas más vulnerables y con el riesgo de perder sus hogares.
Funcionarios del Departamento de Vivienda reconocieron que podrían pasar varias semanas, o incluso meses, hasta que todos los fondos de asistencia para el alquiler se distribuyan a los solicitantes.
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De las solicitudes, el 84% procedían de inquilinos que están dentro o por debajo del umbral del AMI del 30%, lo que significa que son los inquilinos de toda la ciudad que más necesitan recursos y corren mayor riesgo de ser desalojados.
Además, el 37% de los solicitantes son residentes afroamericanos, aunque representan el 9% de la población de Los Ángeles.
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