Senadores proponen la Ley PROMISE para rescatar al Seguro Social
Un grupo bipartidista de senadores presentó la Ley PROMISE para impulsar una reforma del Seguro Social y evitar futuros recortes en las prestaciones
Un grupo bipartidista propone la ley PROMISE como un camino que buscaría mantener a salvo los beneficios del Seguro Social. Crédito: Shutterstock
Llevamos algunos años escuchando que el Seguro Social se quedará sin fondos para enviar los beneficios completos; la estimación más reciente no le da más allá de 6 años, hasta el 2032. Desde ese tiempo, se ha informado que se requiere la acción del Congreso y el gobierno de los Estados Unidos para evitarlo. Un grupo bipartidista de senadores presentó la Ley PROMISE, una iniciativa que buscaría una reforma en el programa. Te damos los detalles de lo que esta propuesta busca.
La Ley PROMISE proviene de las siglas en inglés de Protecting Retirement and Income Security for Everyone (Proteger las Oportunidades de Jubilación y Mantener la Seguridad de Ingresos para Todos). Su principal objetivo es crear un procedimiento legislativo que permita analizar y aprobar cambios destinados a fortalecer la solvencia del Seguro Social durante las próximas décadas. En palabras más simples, la propuesta no modifica por ahora los beneficios, los impuestos ni los requisitos de elegibilidad, solo busca establecer un mecanismo para que el Congreso discuta y vote una solución de largo plazo.
Actualmente, el programa federal, que supera los 90 años de existencia y paga beneficios mensuales a más de 71 millones de estadounidenses, enfrenta un panorama financiero complicado. De acuerdo con el informe anual de los administradores del Seguro Social, el fondo fiduciario destinado a las prestaciones por jubilación podría agotarse en 2032. Si eso ocurre y el Congreso no aprueba una solución antes de esa fecha, el programa solo tendría recursos para cubrir alrededor del 78% de los beneficios de jubilación, lo que equivaldría a un recorte cercano al 22%.
La propuesta fue presentada por los senadores Dick Durbin, demócrata por Illinois; Bill Cassidy, republicano por Luisiana; John Cornyn, republicano por Texas; Tim Kaine, demócrata por Virginia; Angus King, independiente por Maine; y Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte.
“La Seguridad Social es la garantía de una jubilación segura, ganada tras toda una vida de arduo trabajo”, declaró Dick Durbin, senador demócrata por Illinois. “Pero cuanto más espere el Congreso, más difícil será solucionar el déficit financiero del programa”.
Semanas antes de presentar el proyecto, Durbin, Cassidy, Kaine y Tillis publicaron una declaración conjunta para pedir una respuesta bipartidista ante la situación financiera del programa.
“Les decimos a nuestros colegas: únanse a nosotros para hacer aquello para lo que fuimos elegidos: legislar sobre temas difíciles y proteger este programa vital para nuestros hijos y nietos”, escribieron los legisladores.
¿Cómo funcionaría la Ley PROMISE?
A diferencia de otras propuestas presentadas en los últimos años, la Ley PROMISE no establece cambios específicos al Seguro Social. En cambio, crea un procedimiento para que el Congreso analice cualquier iniciativa orientada a garantizar la viabilidad financiera del programa.
La propuesta asigna esa tarea a la Junta Asesora del Seguro Social (Social Security Advisory Board, SSAB), un organismo independiente y bipartidista integrado por siete miembros. Tras realizar un proceso de consulta pública, el consejo tendría que elaborar un proyecto de ley base con recomendaciones capaces de mantener la solvencia del programa durante al menos 50 años.
Ese documento sería presentado posteriormente en el Senado y la Cámara de Representantes por los líderes de la mayoría. En caso de que no lo hicieran, cualquier otro legislador podría introducir la iniciativa para iniciar el proceso legislativo.
Después, el proyecto sería enviado al Comité de Finanzas del Senado y al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para celebrar audiencias, analizar el contenido y, si fuera necesario, incorporar modificaciones.
La legislación también establece que el proyecto final tendría que someterse a votación dentro de un plazo de 100 horas. Durante ese periodo, los legisladores podrían presentar enmiendas sustitutivas. Tanto esas modificaciones como el proyecto definitivo requerirían al menos 60 votos en el Senado para avanzar.
Además, la iniciativa contempla una revisión obligatoria de la solvencia del Seguro Social cada diez años. Si los análisis financieros detectan un nuevo riesgo para los fondos fiduciarios, el mismo procedimiento volvería a activarse.
El reto financiero del Seguro Social que el Congreso debe resolver
El informe de los administradores del Seguro Social de 2026 también reveló que el déficit actuarial del programa a 75 años aumentó de 3.82% a 4.42% de la nómina gravable. Ese deterioro llevó al Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) a advertir que las perspectivas financieras del programa “han empeorado sustancialmente”.
Aunque en los últimos años varios legisladores han impulsado distintas alternativas para evitar la insolvencia, ninguna ha logrado reunir el apoyo suficiente para convertirse en ley.
Entre las propuestas que continúan sobre la mesa se encuentran:
- Elevar la edad de jubilación;
- Incrementar los impuestos para los trabajadores con mayores ingresos; o
- Eliminar el límite salarial sujeto al impuesto sobre la nómina, que actualmente asciende a $184,500 dólares.
Por su parte, el senador Bill Cassidy ha planteado otra alternativa: crear un fondo de inversión independiente para fortalecer las finanzas del Seguro Social, inspirado en la reforma aplicada al sistema federal de jubilación ferroviaria durante la administración del expresidente George W. Bush.
“Quiero que esto se resuelva antes de que nos vayamos, para que haya un incentivo para hacerlo”, declaró Bill Cassidy, senador republicano por Luisiana. “Tengo una gran idea para solucionar el problema de la Seguridad Social”.
Los promotores de la Ley PROMISE sostienen que la iniciativa no pretende imponer una solución específica ni acelerar el proceso legislativo. Su propósito es garantizar que el Congreso finalmente debata y vote propuestas para preservar uno de los programas federales más importantes para millones de jubilados, trabajadores y personas con discapacidad en Estados Unidos.
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