Tras el incendio en Boyle Heights, otra comunidad latina evalúa un proyecto de megabodega
En promedio, las comunidades cercanas a estos almacenes experimentan un aumento de casi el 20 % en los niveles de dióxido de nitrógeno
Los vecinos de Boyle Heights padecen del hedor por los alimentos descompuestos tras el incendio de una bodega. Crédito: Jae C. Hong | AP
Los niños y las familias latinas de Bloomington volverán a sufrir las peores consecuencias de la exposición a mayores niveles de toxinas —vinculadas al desarrollo de asma pediátrica, enfermedades cardiovasculares, muerte prematura y otros problemas de salud— si los líderes comunitarios del condado de San Bernardino no toman medidas.
No se trata de un riesgo abstracto. Los expertos llevan tiempo advirtiendo que los almacenes y las actividades relacionadas agravan la contaminación atmosférica local. En promedio, las comunidades cercanas a estos almacenes experimentan un aumento de casi el 20 % en los niveles de dióxido de nitrógeno (NOx). Los vecindarios afectados de manera desproporcionada son comunidades que se encuentran en la primera línea de exposición.
El condado de San Bernardino votará pronto sobre el proyecto del Bloomington Business Park, un complejo de 3,5 millones de pies cuadrados en el sur de Bloomington que se ubicaría a tan solo 11 pies de las viviendas y escuelas más cercanas. Los estudiantes tanto de la escuela primaria Zimmerman como de la escuela secundaria Bloomington High School se verían expuestos a innumerables riesgos para la salud y la seguridad que podrían afectar sus vidas a corto y largo plazo.
El reciente incendio del almacén de Lineage en Boyle Heights —un barrio históricamente de mayoría latina— es un ejemplo perfecto de los peligros que surgen al ubicar almacenes en medio de zonas residenciales y del desarrollo urbanístico excesivo. El riesgo no es meramente teórico; se trata de un peligro real e inmediato. Sin embargo, no hace falta mirar tan al oeste para observar el impacto que los incendios en almacenes pueden tener en las comunidades marginadas.
En 2020, un incendio de grandes proporciones arrasó un almacén de 600.000 pies cuadrados en la zona norte de Redlands, un área con una mayor población de gente de color que la zona sur de la ciudad. El fuego generó enormes columnas de humo tóxico que se extendieron por las inmediaciones y obligaron a cerrar la autopista 10. Tras el siniestro, los escombros calcinados fueron depositados cerca de un vecindario de San Bernardino. Los residentes se quejaron de los olores penetrantes y de cómo los fuertes vientos levantaban una gravilla que golpeaba ventanas, personas, automóviles y mascotas.
La zona no incorporada de Bloomington cuenta con una población modesta de aproximadamente 25.000 habitantes, de los cuales casi el 90 % son latinos. Según Warehouse CITY —una herramienta de seguimiento de Radical Research y el Robert Redford Conservancy for Southern California Sustainability del Pitzer College—, la ciudad tiene 16 almacenes; uno de ellos está vacío y cuatro aún no se han construido. Muchos de estos almacenes se encuentran junto a viviendas, escuelas y otras zonas sensibles. En cambio, vecindarios no incorporados como Mentone, Oak Hills y Phelan —que poseen una topografía plana y un acceso similar a las principales autopistas— cuentan con muchos menos almacenes. En estas zonas, la población latina oscila entre el 40 % y el 60 %.
A los miembros de la comunidad les resulta difícil aportar opiniones significativas sobre estos proyectos que transforman sus vidas, dado que el inglés no es el idioma principal de hasta dos tercios de los residentes de Bloomington. Sin embargo, en las reuniones públicas no se ofrecen servicios de traducción de calidad.
¿Cómo se espera que participen en el proceso cívico si no ofrecen las herramientas y la información adecuadas? Es evidente que estas comunidades son afectadas por estos desarrollos depredadores. Los proyectos deben presentarse y comunicarse en idiomas que la comunidad comprenda. Las reuniones deben ser accesibles y no celebrarse a mitad del día si realmente se busca la participación comunitaria. Además, debemos dejar de fingir que alguien desea vivir cerca de un almacén o que la construcción de estos centros resolverá todos nuestros problemas.
El incendio de Boyle Heights, los innumerables informes medioambientales y las prácticas sin escrúpulos que parecen cebarse con las comunidades latinas deberían servir de advertencia para las autoridades de Bloomington y de toda California: estas instalaciones no son vecinas inofensivas. Son focos potenciales de desastre que ponen en peligro, de manera desproporcionada, a las familias.
(*) Andrea Vidaurre es cofundadora del Colectivo Popular por la Justicia Ambiental (People’s Collective for Environmental Justice)
