“Nos envenenaron”, alegan residentes de Boyle Heights
La comunidad latina acusa a sus lideres políticos de abandonarles y ser negligentes por el incendio de Lineage
Sofía Quiñones cuestionó por qué a la gente que está acudiendo a emergencia no la están tratando como una “emergencia respiratoria”, sin darles tratamiento adecuado ni revisarles los pulmones o, al menos, extenderles una receta médica. Crédito: Fotos: Jorge Luis Macías | Impremedia
“¡Mentiras!” ¡Fuera Ysabel Jurado!”, “¡Buuu! Buuu! Buuu!”, “Nos envenenaron”, “nos abandonaron”, fueron parte de los numerosos reclamos de una airada comunidad de Boyle Heights y del Este de Los Ángeles durante la caótica reunión en la preparatoria Stevenson donde una activista fue presuntamente agredida dos veces por parte de personal de seguridad de la alcaldesa Karen Bass y en donde se brindó información a la comunidad sobre el incendio Lineage, pero no se respondió la pregunta principal: “¿Se comprometen a cerrar Lineage?”.
Los dardos de las críticas se repartieron por igual para la alcaldesa Karen Bass, la concejala por el Distrito 14, Ysabel Jurado y la presidenta de la Junta de Supervisores, Hilda Solis, además de Jeff Rivera, director de operaciones de Lineage, donde 85 millones de libras de alimentos en descomposición han enfermado a niños y adultos.
La indignación y frustración de la gente se encendió aún más cuando el director ejecutivo de Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD), Wayne Nastri manifestó: “Me gustaría abordar el tema de la responsabilidad. Como agencia, tenemos la facultad de emitir citaciones por molestias públicas, pero necesitamos que la gente nos llame para informarnos de que existe una queja”.

“Deben llamarnos todos los días; eso es lo que dictan la ley pública, el estatuto y el código de salud y seguridad. Si no recibimos esas llamadas, no podemos emitir la notificación. Si usted observa una infracción, llame al 1-800-CUT-SMOG. Si nos llama, acudiremos. 1-800-CUT-SMOG”.
La alcaldesa Bass lo reprendió en público.
“Disculpe, no pretendo llevarle la contraria, pero lo siento: el hecho de que los residentes tengan que llamarle a diario no está bien. Ya hablaremos de ello más adelante, pero no me gusta cargar a la comunidad con esa responsabilidad”.

Las disculpas de Bass también fueron ignoradas por la gente que se siente discriminada por la lentitud de la limpieza. En la zona del desastre ambiental.
“Quisiera pedir disculpas abiertamente por cualquier confusión, falta de comunicación o información difundida, especialmente al principio, cuando los incendios aún estaban activos”, dijo la alcaldesa, al inicio de la tumultuosa reunión.
Mantener el orden durante la reunión fue difícil, debido a que los testimonios de gente enferma se repitieron y hubo quienes acusaron de negligencia a quienes ostentan el poder por responder tardíamente.
“Yo soy una sobreviviente de cáncer de estómago por la contaminación de Exide”, afirmó Bárbara Martínez, de 70 años, residente en el este de Los Ángeles por más de medio siglo. “Mi sobrina Vanessa Chaidez murió de cáncer cuando tenía 26 años”.
Nadie se atrevió siquiera a brindarle una palabra de consuelo.
La planta de reciclaje de baterías de Exide Technologies, ubicada en la ciudad de Vernon, a unas 5 millas del centro de Los Ángeles fue clausurada permanentemente en marzo de 2015. La compañía acordó cerrar y desmantelar la instalación para evitar cargos criminales por contaminar el sureste de Los Ángeles durante décadas con plomo y arsénico.
Piden cerrar la empresa
La petición de las familias afectadas por la contaminación del humo y la pestilencia que emana día y noche de Lineage es su cierre definitivo.
“No puedo respirar. Me cuesta mucho trabajo y no paro de toser; ya he ido a dos hospitales, pero lo que yo necesito es una radiografía de tórax para que evalúen si no traigo fluidos en el pecho”, se quejó la señora Martínez.
“Tenemos que exigirles a nuestros políticos que tiene que cerrar esa planta”, manifestó Silvia Corona, de 78 años. “No queremos esas fábricas alrededor de nuestra comunidad; yo ya estoy cansada de Hilda Solis; hace cuatro años hubo un incendio por la calle Ditman y la Primera, y nunca hizo nada para que limpiaran el lugar de todos los químicos que ardieron allí”.

Jeff Rivera informó que 200 trabajadores retiran diariamente 1.54 millones de libras de material sólido en descomposición y que, en una nueva fase se contempla el traslado de otras 3.2 millones de libras de desechos.
La empresa anunció medidas de ayuda —que incluían vales de hotel y alquiler, tarjetas prepago, vales para alimentos y el pago de facturas de electricidad—, sumándose a los 2.5 millones de dólares ya comprometidos a través de California Community Foundation.
Rivera destacó que el diseño del proceso de retirada selectiva de estructuras ya se ha establecido y completado, y los trabajos activos de demolición están en marcha. Dicho proceso comenzó el martes y han completado aproximadamente el 6.5% de esa fase.
Si bien no se prevén retrasos por el momento, dijo que los trabajos continuarán avanzando con determinación, una ejecución segura y controlada, y velando por la protección de los trabajadores, la comunidad y las propiedades circundantes.

Rivera prometió que Clean Harbors y Lineage clasificarán, caracterizarán, transportarán y eliminarán adecuadamente los materiales afectados y controlará el polvo, líquidos, plagas y los impactos asociados con el incendio del 17 de junio.
El plazo para completar la tarea de limpieza del enorme edificio que ha sido cubierto para controlar los fétidos olores fue establecido en 45 días.
Presunta doble agresión a una activista
Elizabeth “Liz” Hernández, activista de la Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) terminó en el hospital después de haber sufrido dos presuntas agresiones físicas por parte de personal de la alcaldía de Los Ángeles, incluyendo a un empleado identificado como parte del equipo de participación comunitarias y un probable guardaespaldas.

Previo al comienzo de la reunión pública en el auditorio de la preparatoria Stevenson, en el este de Los Ángeles, una caravana de aproximadamente 100 personas -la mayoría madres de familia afectadas por los estragos del incendio de Lineage- marchó desde la esquina del bulevar Olympic y la calle Puerta e irrumpieron por una puerta alterna e ingresaron a la fuerza al auditorio.
Allí un representante de la alcaldía de Los Ángeles se interpuso infructuosamente para detener a la multitud, empujó grotescamente a la señora Hernández y se hicieron de palabras. Hernández no fue derribada.
Sin embargo, al concluir la sesión informativa del incendio de Lineage, Hernández se paró con un tambor a un costado del automóvil donde se marchaba la alcaldesa y un guardaespaldas presuntamente la agredió físicamente y, posteriormente, hizo un posterior movimiento para sacar un arma de su cintura.
“Estábamos tratando de llamar la atención de la alcaldesa para que nos hagan caso y vino el montón de guaruras”, declaró Hernández a La Opinión. “Entonces, yo solo me acerqué con el tambor a gritar que escuchara a la gente afectada; miré que [Bass] se metió a su carro y seguí cantando, pero no enfrente del carro, porque no me iba arriesgar a que me atropellaran…Fue entonces cuando vino ese guarura y me aventó y perdí el balance”.
Elizabeth Hernández informó que entró en un estado de ansiedad y de pánico porque supuestamente el mismo guardaespaldas agredió a otra mujer -llamada Yesenia P., de Guatemala-.
“Yo le grité: ‘Oh, ¿es esto lo que vas a hacer? ¿Vas a pegarle también a ella? ¿A ella también la vas a empujar?”, comentó.
Guadalupe González, miembro de ACCE dijo que directivos y abogados de la organización están analizando el reporte de Hernández para decidir los pasos que deberán seguir.
“Como organización tenemos que apoyar a nuestros miembros”, dijo. “Tomamos muy en serio lo que ha pasado. Nadie tiene derecho a agredirlos. Y nunca es aceptable que alguien agreda a la gente”.
La oficina de la alcaldesa refirió la pregunta de La Opinión a Robert Port, del LAPD, pero al cierre de edición no respondió si la comitiva de seguridad de la alcaldesa Karen Bass tenía instrucciones de mantener el orden como diera lugar.