Jueza declara al DHS en desacato en caso de redadas de migración en Los Ángeles

Una jueza declaró este martes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en desacato por un caso relacionado con el cumplimiento de una orden sobre las redadas de inmigración del año pasado en el área de Los Ángeles.

La jueza de distrito de Estados Unidos Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, acusó al DHS por presuntamente demorar copias digitales de comunicaciones de teléfonos celulares personales utilizados por agentes federales durante los operativos de inmigración.

En enero, la jueza Frimpong ya había ordenado al gobierno federal la obtención de imágenes forenses de los teléfonos celulares personales de más de 800 agentes involucrados en las redadas de inmigración, que se intensificaron desde junio de 2025.

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La magistrada impuso al gobierno federal una multa de $500 dólares por día hasta que cumpla con la orden de entregar los celulares como parte del proceso de descubrimiento y reembolsar a los abogados de los demandantes los costos legales por obtener los registros.

En junio, los abogados del DHS admitieron ante el tribunal que la agencia no había proporcionado los registros.

Los abogados mencionaron a la jueza que estaban procesando los dispositivos gubernamentales a un ritmo de tres teléfonos cada dos semanas, lo que, según señalaron los demandantes, tomaría casi cuatro años en ser completado.

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De acuerdo con los abogados que representan a inmigrantes afectados por la Operación At Large —nombre dado a las redadas en Los Ángeles el año pasado— los teléfonos podrían contener evidencia de un patrón de perfilamiento racial por parte de agentes federales.

Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dijeron en mayo que el DHS simplemente procedió a obstaculizar la orden de la jueza Fleming “al demorar la obtención de imágenes de teléfonos celulares emitidos por el gobierno y al desafiar abiertamente la orden respecto de los teléfonos personales”.

En julio, abogados de la ACLU pidieron a la jueza que emitiera otra orden para prohibir a los agentes detener a personas basándose en su raza.

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Hicieron referencia a mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales cuando los agentes federales expresaron insultos raciales para identificar a inmigrantes hispanos de clase trabajadora a quienes detener, de acuerdo con registros judiciales.

“No solo los agentes federales están violando la Constitución en las calles, sino que el gobierno está violando órdenes judiciales al retener intencionalmente evidencia crucial sobre sus operativos de control migratorio”, declaró Mayra Joachin, de la ACLU del Sur de California.

El Departamento de Seguridad Nacional no emitió ningún comunicado para referirse a si el uso de palabras insultantes contra inmigrantes, por parte de los agentes, fue una violación de sus políticas.

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La agencia federal publicó una declaración escrita, idéntica a la que se divulgó la semana pasada tras otro avance en el caso, después de que la jueza Frimpong anunciara la orden de desacato.

“Nuestros agentes están enfocados en proteger al pueblo estadounidense, no en alimentar una indignación performativa”, declaró el DHS.

“¿Dónde está la indignación de los medios por la familia Ángel que perdió a un ser querido a causa de un delito cometido por un extranjero en situación irregular?“, añadió la agencia federal.

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