Jueza ordena al gobierno acceso de abogados a inmigrantes detenidos por ICE en Los Ángeles

Una jueza federal determinó este viernes que la administración Trump viola los derechos constitucionales de los inmigrantes detenidos por ICE al restringir el acceso a abogados en un centro de detención de Los Ángeles, por lo que ordenó al gobierno que subsane la situación.

La jueza federal Maame E. Frimpong, de Los Ángeles, aseguró que el fallo se basó en una orden judicial provisional emitida en julio que exigía al gobierno proporcionar a los inmigrantes arrestados acceso a llamadas telefónicas confidenciales y gratuitas con sus abogados.

“El Tribunal ha examinado todas las nuevas pruebas presentadas por ambas partes y decide, una vez más, que el gobierno federal está obstaculizando parcialmente el acceso de los abogados“, escribió Frimpong en su resolución.

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Organizaciones defensoras de los derecho de los inmigrantes presentaron una demanda en julio en la que acusan al gobierno del presidente Trump de discriminar sistemáticamente a las personas de piel morena en el sur de California durante los actuales operativos de inmigración.

Los activistas acusaron a las agencias federales de inmigración de arrestar a personas por motivos raciales, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los inmigrantes bajo custodia el acceso a asesoría legal en un centro de detención en el centro de Los Ángeles.

Frimpong dijo que los demandantes presentaron pruebas de que la administración Trump no había cumplido íntegramente con la instrucción de julio.

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La orden exigía que la instalación, en el centro de Los Ángeles, estuviera abierto a las visitas de abogados los siete días de la semana durante un mínimo de ocho horas diarias entre semana y un mínimo de cuatro horas por día los fines de semana y días festivos.

Aunque el gobierno cumplió con esa disposición, el tribunal también exigió a los funcionarios que notificaran a los demandantes en un plazo de cuatro horas si necesitaban cerrar el centro de detención por cualquier motivo, y que el cierre no se prolongara más allá de lo razonablemente necesario.

Durante una audiencia celebrada el 23 de octubre, el abogado de Public Counsel, Mark Rosenbaum, dijo que los abogados todavía enfrentaban obstáculos para tener encuentros con sus clientes en el centro de detención de Los Ángeles.

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Rosenbaum expresó que, con frecuencia, se reunían con sus clientes con la puerta abierta y bajo la presencia de guardias, lo que les impedía tener conversaciones privadas.

El abogado también hizo mención de casos en que las instalaciones del centro de detención se cerraron debido a protestas pacíficas que tuvieron lugar en otra ciudad, a millas de distancia.

Los inmigrantes también han sido trasladados con frecuencia y sin previo aviso, a veces desde el centro de Los Ángeles, a otras instalaciones federales donde no se permiten las visitas de abogados.

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“Al conocer esta medida cautela, la jueza dejó en claro que el gobierno no puede encarcelar a las personas y separarlas de sus abogados“, expresó Rosenbaum después del fallo de la jueza federal.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ningún comentario relacionado con la determinación de la jueza Frimpong.

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