Líderes locales y congresistas abordan operativos de ICE en Los Ángeles
La alcaldesa Karen Bass y el congresista Robert García encabezaron una audiencia en la que se documentaron arrestos ilegales por parte de agentes de ICE
El congresista Robert García estuvo presente en la audiencia de campo en Los Ángeles. Crédito: LUKE JOHNSON | EFE
Líderes locales, entre ellos la alcaldesa Karen Bass, abordaron este lunes durante una audiencia de campo del Congreso los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se han llevado a cabo desde junio en la ciudad de Los Ángeles y en otras localidades del sur de California.
Bass se reunió con el congresista Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, y con otros miembros demócratas, para investigar si los agentes federales han detenido a ciudadanos estadounidenses de forma ilegal.
“En este condado, nadie está por encima de la ley y la Constitución protege a todos. La Constitución establece claramente que el debido proceso se otorga a todas las personas, no solo a los ciudadanos estadounidenses”, expresó García, congresista de Long Beach.
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Previo a la audiencia, los líderes locales, junto con organizaciones comunitarias y religiosas, marcharon desde la Iglesia La Placita hasta el lugar de la audiencia de campo, denominada “Debido proceso para todos: Exponiendo la máquina de deportación masiva de Trump”.
“Queremos dejar un registro porque, cuando cambie el rumbo político, queremos que quienes lo hagan rindan cuentas. Queremos transparencia y rendición de cuentas por todos los atroces actos inconstitucionales que están ocurriendo“, expresó Bass durante el mitin.
Durante la audiencia de campo, los líderes locales y congresistas escucharon los testimonios de miembros de la comunidad para el registro público.
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El congresista García aseguró que es importante documentar las denuncias de mala conducta por parte de los agentes federales de inmigración cuando ocurren.
Desde el 6 de junio, cuando comenzaron las redadas por parte de agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), funcionarios locales han alegado que las tácticas de control migratorio son ilegales.
Una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Public Counsel y otros abogados de inmigración y derechos civiles alegó que los agentes federales violaban la Constitución al arrestar a personas por su color de piel, realizar redadas sin orden judicial y negar asistencia legal a los detenidos.
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En julio, una jueza federal ordenó la suspensión temporal de los operativos de inmigración en el sur de California, instrucción que fue ratificada el 1 de agosto por un tribunal de apelaciones.
Pese a la orden judicial, la administración Trump no detuvo por completo las redadas y continuó con la detención de inmigrantes, además de exigir a la Corte Suprema de Estados Unidos que se levantara la instrucción de la jueza.
La audiencia de campo de este lunes incluyó varios paneles donde líderes acusaron al gobierno federal de enviar agentes enmascarados a llevar a cabo las redadas, lo que además infundió miedo en la comunidad inmigrante.
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La alcaldesa Bass dijo que los residentes de Los Ángeles tienen temor de salir de sus casas, lo que impacta significativamente en la economía local, que no puede funcionar sin la participación de los inmigrantes.
Anteriormente, Trump argumentó que las deportaciones eran necesarias en ciudades dirigidas por los demócratas porque los funcionarios quieren ampliar su base electoral, hacer trampa en las elecciones y fortalecer el Estado de Bienestar, privando a los estadounidenses de empleos bien remunerados.
El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, consideró que las redadas de inmigración son una erosión de la confianza, y mencionó que los gobiernos locales, como el suyo, han fortalecido sus recursos y ofrecen servicios como asesoría legal a los residentes.
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La congresista Jasmine Crockett acusó al presidente Trump de encabezar el régimen de inmigración más racista de la historia moderna de Estados Unidos.
Durante la audiencia, los miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de expresar sus experiencias sobre las redadas de los agentes de inmigración.
“Mis hijos lloran al dormirse y preguntan por su padre. Todavía no sé qué va a pasar. ¿Saldrá o no? ¿Pasará la Navidad con su familia?“, expresó Jasmín, quien no ha visto a su marido desde junio.
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“Solo quiero que todos sepan que estamos aquí. No somos delincuentes. Estamos aquí por un futuro mejor para nuestra familia, nuestros hijos“, agregó la inmigrante.
La ciudadana estadounidense Andrea Vélez dijo que fue detenida injustamente por agentes de ICE el 24 de junio.
Vélez declaró que la acusaron de interferir con ICE y la trasladaron al Centro de Detención Metropolitano, y aseguró que, mientras estuvo detenida, se le negó el acceso para llamar a su familia o contactar con un abogado, antes de que su caso fuera desestimado por falta de pruebas.
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Robert García anunció el lanzamiento del Panel de Supervisión de Control de Inmigración, cuyo objetivo es documentar y archivar posibles faltas de conducta de agentes federales.
Actualmente, García dijo que el panel ya cuenta con más de 250 presuntos casos documentados.
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