California niega compartir datos de licencias de conducir con autoridades federales
La medida que pondría en riesgo a inmigrantes indocumentados que obtuvieron licencias en el estado fue aclarada por la Oficina del Gobernador de California
El Departamento de Vehículos Motorizados es la agencia que expide las licencias de conducir en California. Crédito: Richard Vogel | AP
Funcionarios de California negaron tener la necesidad de compartir información protegida de titulares de licencias de conducir, incluidos inmigrantes que no tienen documentación legal para residir en el país, con las autoridades federales.
De acuerdo con información de Cal Matters, si los funcionarios estatales no proporcionaban los datos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría negarse a aceptar las licencias e identificaciones de California en los aeropuertos y en otras instalaciones federales en todo el país.
Sin embargo, Diana Crofts-Pelayo, subdirectora principal de Comunicaciones de la Oficina del gobernador de California, envió un correo a La Opinión para aclarar que no era correcta la información publicada por Cal Matters.
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“Cal Matters se equivocó. Su reportaje perjudica a los californianos vulnerables con miedo y pánico mediante mentiras. California sigue a la vanguardia en el apoyo a las familias inmigrantes y en la protección de los datos personales frente a la extralimitación federal”, aclaró Crofts-Pelayo.
En su nota, Cal Matters dijo que defensores de los derechos de los inmigrantes consideraban esa posibilidad como un incumplimiento de una promesa que California hizo hace una década cuando comenzó a expedir licencias a inmigrantes indocumentados.
Si la información de las licencias de conducir se compartiera a autoridades federales, más de un millón de personas podrían estar en riesgo de deportación.
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Según Cal Matters, California tendría planes de compartir los datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), agencia encargada de emitir las licencias e identificaciones, para cumplir con la Ley Real ID de 2005, lo que rechazó la subdirectora de Comunicación de la Oficina del Gobernador.
“California lidera la defensa contra la aplicación indiscriminada de las leyes de inmigración, lo que incluye varias leyes nuevas destinadas a proteger a los escolares y a los pacientes hospitalarios, así como a limitar las tácticas intimidatorias empleadas por la ‘policía secreta’ de Trump para aterrorizar a las comunidades”, mencionó la Oficina del Gobernador en su mensaje.
Entre las leyes promulgadas por el gobernador Newsom para salvaguardar los datos privados está la AB 1747, que prohíbe el uso indebido de la información personal de carácter no delictivo de los californianos con fines de aplicación de las leyes de inmigración.
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Se mencionó que una prohibición similar se aplica al acceso de las fuerzas del orden a la información del Departamento de Vehículos Motorizados de California, la cual, por sí misma, ya es limitada.
También está la Ley AB 1766, que elimina la facultad del DMV para compartir datos de carácter no delictivo con las fuerzas del orden, salvo que exista una orden judicial, y que suprime los elementos de identificación —potencialmente vinculados al estatus migratorio— que pudieran aparecer impresos en las tarjetas de identificación emitidas por el DMV.
La Ley AB 947 designa el estatus de inmigración y ciudadanía como “información personal sensible”, la categoría a la que se otorga la máxima protección en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).
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La información sobre las licencias de conducir de California se entregará a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA), que es una organización sin fines de lucro, cuyo consejo directivo está integrado por funcionarios de departamentos de vehículos motorizados del país.
Antes de compartir los datos, la Legislatura de California debe aprobar $55 millones de dólares para cubrir los costos del DMV.
Desde hace más de una década, California ha instado a inmigrantes indocumentados a obtener licencias de conducir para apoyar la seguridad pública y la economía.
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Aproximadamente un millón de personas han obtenido licencias de conducir por la Ley AB 60 de California, aprobada en 2013, que prohíbe al estado utilizar la información que se obtiene durante el proceso de expedición de una licencia para determinar la ciudadanía de una persona.
La Oficina del Gobernador de California ya solicitó a Cal Matters que se hagan las correcciones respectivas y una aclaración sobre su reportaje.
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