California aumentará protecciones para los votantes
Proyectos legislativos de la senadora estatal Sabrina Cervantes reforzarán la lucha contra la supresión y dilución del voto
Asambleístas y activistas buscan proteger los derechos de los votantes en California. Crédito: AP
El estado de California se perfila como el principal defensor del derecho al voto, en una época donde los derechos electorales están siendo atacados activamente a nivel federal: en los tribunales, en el Congreso, mediante órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y a través de la instrumentalización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una institución que históricamente fue un baluarte contra la discriminación, pero que ahora representa una amenaza directa para los votantes de color.
A menos de 100 días de las elecciones generales de noviembre, Xavier Becerra, candidato a gobernador de California, la senadora estatal Sabrina Cervantes (D/Riverside), votantes y abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se unieron en Sacramento para impulsar la Ley de Derechos Electorales de California 2026, que incluye los proyectos de ley SB 1360 y SB 1164.
“La democracia vive y respira gracias al voto. Si los estadounidenses —si los californianos— no votan, la democracia muere”, declaró Becerra, quien respalda la iniciativa.
La SB 1164 tiene como objetivo reforzar las protecciones a nivel estatal contra la supresión del voto, evitar la dilución del voto en los procesos locales de redistribución de distritos electorales y permitir que los californianos hagan valer sus derechos electorales directamente ante los tribunales estatales.
El proyecto de ley SB 1360, cuya autoría también corresponde a la senadora Sabrina Cervantes, se centra en la traducción de materiales electorales y amplía el acceso lingüístico y las protecciones para los votantes con dominio limitado del inglés.
“Lamentablemente hemos visto con demasiada frecuencia cómo actores malintencionados intentan socavar, interferir o bloquear el voto, o decirles [a los electores] que no deben participar en la democracia”, subrayó Becerra.
“Ya sea socavando la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) —la ley federal que vemos cuestionada actualmente, incluso ante la Corte Suprema—, o mediante ataques políticos desde Washington D.C. a través de medidas con nombres engañosos, como la llamada “SAVE Act” (Ley SAVE), que en realidad solo protegería a partidos políticos que buscan impedir que cada vez más estadounidenses voten”, agregó Becerra.
La llamada Ley para Salvaguardar la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America) exigiría que los votantes presenten pruebas de su ciudadanía al momento de registrarse y una identificación con fotografía al momento de votar.
Los opositores al deseo de Trump consideran que se estarían creando nuevas barreras para los votantes elegibles.
Desaire a los deseos de Trump
Mientras el Senado intenta votar sobre diversos asuntos antes del receso, la ley SAVE America no parece figurar en la agenda.
Según un informe de Axios, el senador republicano por Luisiana, John Kennedy, declaró el miércoles que no cree que la dirección del partido quiera dar prioridad a la ley SAVE America.
Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, de South Dakota, se centra en los asuntos abordados en la audiencia del Comité de Presupuesto del Senado.
“Ya sea el intento de confiscar ilegalmente cientos de miles de boletas en California por parte de las fuerzas del orden, tratando de hacer creer a la gente que hay fraude en nuestras elecciones; o el esfuerzo actual —que creo que se origina fuera de California, en Washington D.C., pero que ahora nos afecta directamente aquí a través de una iniciativa electoral, la Propuesta 39—, cuyo objetivo es interferir en el voto”, dijo Becerra.
En efecto, Chad Bianco, jefe del alguacil en el condado de Riverside y excandidato a gobernador de California, obtuvo notoriedad nacional al iniciar una investigación por un presunto fraude electoral tras recibir denuncias de un grupo activista.
Las órdenes judiciales recién desclasificadas que justificaron la investigación en junio y la confiscación de 650,000 boletas no presentaron pruebas directas de fraude electoral.
“Tenemos que alzar la voz”, manifestó Xavier Becerra, “Tenemos que levantarnos porque entendemos que la democracia vive o muere gracias al voto. Queremos que la democracia prospere; hay que defenderla y combatir a quienes creen que pueden usar su dinero fácilmente para socavar el voto”.
Asimismo, en California se desarrollan intentos republicanos de interferir directamente en las elecciones mediante la propuesta de la Proposición 39.
“Tanto a nivel nacional como en California, hemos sido testigos de esfuerzos continuos para dificultar el voto de la ciudadanía y socavar la confianza en nuestras elecciones”, expresó Julia A. Gómez, abogada sénior, de la ACLU del Sur de California. “Estos ataques nos recuerdan que no debemos dar por sentadas las protecciones con las que contamos, pues no se lograron fácilmente. Generaciones de estadounidenses afroamericanos lideraron la lucha, organizándose, marchando y haciendo sacrificios frente a las leyes de segregación racial (Jim Crow) y un sistema diseñado para negarles el poder”.
Señaló que, a pesar de las enormes barreras, los precursores del derecho al voto construyeron un movimiento que condujo a la aprobación de la Ley Federal de Derechos Electorales de 1965, la joya de la corona del movimiento por los derechos civiles y la ley que transformó profundamente la democracia estadounidense.
“Ese mismo espíritu de expansión democrática continuó en California cuando líderes visionarios trabajaron para garantizar que la promesa de la Ley de Derechos Electorales llegara a más comunidades del estado mediante la aprobación de la Ley de Derechos Electorales de California de 2001”, indicó.
La CVRA fue promulgada en 2002 por el exgobernador demócrata Gray Davis. Fue impulsada por el entonces senador Richard Polanco e inspirada en la visión de Joaquín G. Ávila, una figura clave en la defensa del derecho al voto.
Por su parte, la senadora estatal Sabrina Cervantes recordó que, bajo el liderazgo del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se han debilitado las protecciones de larga data de la Ley Federal de Derecho al Voto de 1965.
Enfatizo que un ejemplo reciente fue la decisión del tribunal en el caso de Louisiana v. Callais, que prácticamente ha dejado sin efecto dicha ley federal.
Resuelto el 29 de abril, en Louisiana v. Callais, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó, por 6 votos a favor y 3 en contra, que el mapa de distritos electorales para el Congreso de Luisiana de 2024 —que incorporaba un segundo distrito de mayoría afroamericana— constituía una manipulación racial inconstitucional de los distritos; el Tribunal sostuvo que la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto no exigía la creación de dicho distrito y que la medida carecía de un interés estatal imperioso.
“Esto significa que muchas de las salvaguardas contra la dilución del voto, la supresión de votantes y la discriminación electoral —medidas que han protegido a los californianos durante generaciones— ya no están vigentes en la práctica”, afirmó la legisladora de California.
“No podemos permitirnos permanecer de brazos cruzados mientras se erosionan estas protecciones. Por eso estamos tomando medidas”, dijo Cervantes.
Objetivos de los proyectos de ley SB 1360 y SB 1164:
El Proyecto de Ley del Senado de California 1360 (SB 1360), se enfoca en las elecciones y la traducción de materiales electorales. La medida amplía el acceso lingüístico y las protecciones para los votantes con dominio limitado del inglés.
Disposiciones clave
- Ampliación del acceso lingüístico: Ordena al secretario de Estado identificar aquellos condados que superen ciertos umbrales de ciudadanos en edad de votar con dominio limitado del inglés que requieran asistencia con boletas en su idioma. [1]
- Facultad discrecional: Autoriza al secretario de Estado a exigir materiales traducidos en subdivisiones políticas adicionales cuando existan pruebas de una necesidad comunitaria significativa. [1]
- Protección basada en estándares federales: Consagra disposiciones lingüísticas fundamentales en la legislación estatal para garantizar la accesibilidad, independientemente de los cambios en la aplicación de las normas federales.
El Proyecto de Ley del Senado de California 1164 (SB 1164) aborda la supresión de votantes y la dilución del voto, actualizando las protecciones a nivel estatal para contrarrestar los retrocesos percibidos en los derechos electorales a nivel federal.
Disposiciones clave
Prohibición de la supresión y dilución del voto: Refuerza las leyes estatales contra las barreras discriminatorias al ejercicio del voto y contra los mapas distritales injustos que debilitan el poder electoral de las comunidades de color.
- Aplicación en tribunales estatales: Ofrece a los californianos una vía directa y explícita para proteger y hacer valer sus derechos electorales ante los tribunales estatales.
- Revisión previa/Supervisión: Exige que ciertas jurisdicciones locales con antecedentes recientes de discriminación soliciten una revisión o aprobación previa antes de modificar sus prácticas electorales locales.
- Límites a los costos legales: Establece límites de reembolso para los posibles demandantes y para los honorarios de los abogados en casos de impugnación.
Los dos proyectos de ley han sido aprobados y se encuentran en manos del Comité de Asignaciones de la Asamblea. Avanzaron en el proceso legislativo al inicio de julio.
