El comentario de Musk que puso en riesgo 15 millones de registros empresariales
Dos fiscales demandan a la administración Trump para frenar la eliminación de datos que ayudarían a investigar fraudes y lavado de dinero
Elon Musk quedó bajo la lupa por su intervención en el cambio de una norma de transparencia empresarial. Crédito: Alex Brandon | AP
En Estados Unidos, una publicación en redes sociales puede terminar teniendo consecuencias mucho más grandes de lo que parece. Eso es precisamente lo que ahora está en el centro de una batalla judicial que involucra a Elon Musk, Donald Trump y 15 millones de registros empresariales que el gobierno pretende eliminar.
Dos fiscales locales, una de Minnesota y otra de Arizona, demandaron a la administración Trump para impedir que el Departamento del Tesoro destruya la información sobre los verdaderos propietarios de millones de empresas estadounidenses. Su argumento es que esos datos resultan fundamentales para investigar delitos financieros, fraudes y operaciones relacionadas con el crimen organizado.
La polémica tiene un antecedente que involucra directamente a Musk. Según reveló CBS News, en marzo de 2025 el comediante conservador Terrence K. Williams pidió al empresario que intercediera ante Trump para eliminar la Ley de Transparencia Corporativa, una normativa que obliga a determinadas empresas a informar quiénes son sus verdaderos propietarios.

“¡Se lo ruego!”, escribió Williams en X. Musk respondió brevemente: “Puedo investigarlo”.
Un día después, el Departamento del Tesoro anunció que dejaría de aplicar multas y sanciones a ciudadanos y empresas estadounidenses por incumplir esa obligación.
La demanda que busca salvar los registros
El jueves 19 de noviembre, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, Minnesota, y Laura Conover, fiscal del condado de Pima, Arizona, presentaron una demanda ante un tribunal federal en Washington D.C.
Las funcionarias sostienen que el gobierno excedió sus facultades al eximir a las empresas estadounidenses de las obligaciones de transparencia y permitir que compañías extranjeras omitieran información sobre sus propietarios estadounidenses.

La demanda también señala al fiscal general Todd Blanche y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Las fiscales advierten que eliminar los registros dificultaría investigaciones sobre lavado de dinero de cárteles, robo de salarios, fraude y robo organizado en comercios minoristas.
“Los ladrones de salarios y los estafadores se esconden tras empresas fantasma porque les funciona”, declaró Moriarty. “Los únicos que se benefician son aquellos a quienes intentamos atrapar”.
Musk quedó en el centro de la polémica
El intercambio entre Musk y Williams aparece citado en la demanda como antecedente de la decisión gubernamental. Los fiscales cuestionan que una modificación de semejante alcance pudiera haber comenzado con una petición publicada en redes sociales.

Sin embargo, no está demostrado que Musk haya ordenado o gestionado directamente el cambio. El medio citado informó que el Departamento del Tesoro no respondió si el empresario se comunicó con la agencia sobre esta normativa, mientras que un portavoz de Musk tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.
Brendan Ballou, exfiscal del Departamento de Justicia (DOJ) y representante legal de los demandantes, resumió la controversia con una declaración contundente: “Esta norma comenzó con una publicación de Elon Musk en X y terminará con 15 millones de documentos en la trituradora”.
Trump defiende el alivio para las empresas
La Ley de Transparencia Corporativa fue aprobada en enero de 2021 con respaldo bipartidista. Su propósito era evitar que empresas fantasma sirvieran para ocultar dinero ilícito y dificultar el rastreo de operaciones financieras.

Pero el gobierno de Trump sostiene que los requisitos imponían costos y trámites innecesarios a pequeños empresarios.
En agosto de 2026, el Departamento del Tesoro convirtió las exenciones en una regla definitiva y anunció que eliminaría los registros previamente presentados por ciudadanos estadounidenses.
Un portavoz de la agencia calificó la decisión como “una victoria para el sentido común” y aseguró que fue tomada después de evaluar los costos para los pequeños negocios y sus beneficios para la seguridad nacional.
La disputa ya tiene otro frente. En octubre, una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la misma modificación normativa.

Ahora, las fiscales Moriarty y Conover piden que un juez invalide la regla y ordene detener la eliminación de los aproximadamente 15 millones de registros.
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