La administración de Trump señala fraude en SNAP y esto podría cambiar para ti

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrían enfrentar cambios en los próximos años tras las nuevas medidas impulsadas por la administración de Donald Trump. Aunque el gobierno asegura que el programa pierde miles de millones de dólares por fraude, despilfarro y abuso, organizaciones especializadas sostienen que la mayoría de los pagos incorrectos se deben a errores administrativos y no a acciones intencionales de quienes reciben los cupones de alimentos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que la tasa de errores en los pagos de SNAP alcanzó el 10.6% durante el año fiscal 2025. Según la dependencia, esos errores representan más de $10,000 millones de dólares en pagos indebidos dentro de un programa que distribuyó $95,700 millones de dólares en beneficios.

Sin embargo, especialistas aclaran que un error de pago no necesariamente significa fraude. Puede ocurrir cuando una familia recibe más o menos dinero del que le corresponde debido a cambios en sus ingresos, empleo o documentación.

“No debemos confundir los errores de pago con el fraude”, declaró Gina Plata-Nino, directora del programa SNAP del Centro de Investigación y Acción Alimentaria (FRAC), a CBS News. “El fraude implica una mala conducta intencionada; los errores de pago suelen deberse a normas complejas, cambios en los horarios laborales, falta de documentación, sistemas obsoletos o errores administrativos”.

Brian Jones, experto en control de calidad del programa SNAP de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos (APHSA), coincidió con esa postura.

“Los errores en los pagos son, en su mayoría, involuntarios porque la política es muy compleja y existen muchos requisitos de información“, afirmó Jones.

¿Qué podría cambiar para los beneficiarios?

La nueva Ley del One Big Beautiful Bill (OBBBA) establece que los estados deberán mantener una tasa de errores inferior al 6%. Si no lo consiguen, a partir de octubre de 2027 tendrán que asumir entre el 5% y el 15% del costo de los beneficios de SNAP, dependiendo de su nivel de errores. De acuerdo con el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), esta medida podría representar $9,000 millones de dólares adicionales para los estados.

“Los estados nunca antes habían tenido que asumir una parte de los costos de los beneficios y, según los datos de 2025, casi la mitad de los estados se enfrentan a un requisito de copago que les costará $100 millones de dólares o más en el primer año de implementación”, declaró Katie Bergh, especialista en SNAP del CBPP.

Esto no significa que los pagos de SNAP vayan a reducirse de inmediato. Sin embargo, algunos especialistas advierten que los estados podrían verse obligados a destinar más recursos al programa, recortar otros servicios públicos o modificar la forma en que administran los beneficios.

También hay cambios en los requisitos del programa

Las nuevas disposiciones llegan mientras la inscripción en SNAP ya muestra una disminución. De acuerdo con el USDA, alrededor de 37 millones de personas estaban inscritas en marzo, casi 5 millones menos que un año antes.

Parte de esta reducción está relacionada con los cambios aprobados por la OBBBA, que amplían los requisitos laborales para los adultos aptos para trabajar hasta los 64 años. Quienes estén dentro de ese grupo deberán cumplir con al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado para mantener los beneficios más allá del periodo permitido por la ley.

Ante todos estos ajustes, algunos estados y organizaciones solicitan más tiempo para implementar las nuevas reglas.

“Los gobernadores y los estados se preocupan profundamente por la integridad del programa y están trabajando incansablemente para reducir sus índices de error” declaró Timothy Blute, director de políticas de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA).

Con la entrada gradual de estas disposiciones, el programa SNAP enfrenta una nueva etapa en la que el control de los errores en los pagos será uno de los principales indicadores para determinar la participación financiera de los estados.

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