Fiscales federales acusan a California de obstaculizar una auditoría electoral
California enfrenta acusaciones federales por bloquear la revisión de registros de votantes, resaltando preocupaciones sobre la elegibilidad de los electores
El fiscal federal en California, Bill Essayli, exige revisar los registros de votantes del estado. Crédito: Rich Pedroncelli | AP
Fiscales federales acusaron a California de bloquear el acceso a los registros de votantes en medio de una batalla legal sobre el mantenimiento del padrón electoral en un tribunal federal.
El fiscal federal auxiliar Bill Essayli dijo, en las redes sociales, que California no permite cumplir con una solicitud federal de registro de votantes que, según el Departamento de Justicia (DOJ), es necesaria para auditar los padrones electorales del estado y evaluar el cumplimiento de las leyes federales.
“California está bloqueando una auditoría federal de sus registros de votantes“, publicó Essayli en la red social X.
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El fiscal mencionó que el estado se ha resistido a los esfuerzos del DOJ para verificar la elegibilidad de los votantes, así como a revisar cómo se mantienen las listas de registro de votantes.
El conflicto surge de una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la Secretaria de Estado de California, Shirley Weber.
Los funcionarios federales argumentaron que, en virtud de la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley de Ayuda a la Votación en Estados Unidos y la Ley de Derechos Civiles, tienen derecho a obtener la lista de votantes del estado y los registros relacionados.
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Según documentos judiciales, la fiscal adjunta Harmeet Dhillon envió una carta a los funcionarios de California en agosto de 2025 exigiendo una copia electrónica completa de la lista de registros de votantes de todo el estado.
La petición incluye los nombres de los votantes, las fechas de nacimiento, las direcciones, la información del permiso de conducir o los últimos cuatro dígitos de los números de la Seguridad Social, cuando corresponda.
En el escrito, también se solicitaban copias de las solicitudes de registro de votantes presentadas entre el 1 de diciembre de 2023 y el 1 de julio de 2025, con la advertencia de que si no se proporcionaban dichos registros podría dar lugar a acciones legales.
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Los abogados del DOJ argumentaron que la ley federal otorga al gobierno la autoridad para inspeccionar los registros de votantes y que las leyes de privacidad de California no impiden la divulgación a los funcionarios federales que llevan a cabo investigaciones relacionadas con las elecciones.
Essayli dijo que los requisitos de identificación de votantes, los procedimientos de mantenimiento del padrón electoral y las leyes de recolección de boletas de California merecen un escrutinio más exhaustivo.
El fiscal criticó una política estatal que permite a algunos votantes primerizos no proporcionar un número de licencia de conducir o un número de Seguro Social durante el registro para verificar su identidad.
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Para hacerlo, se aceptan formas alternativas de identificación, como tarjetas de identificación de empleados, tarjetas de membresía de gimnasios, tarjetas de seguro y otros documentos aprobados según las normas electorales estatales y federales.
Los funcionarios estatales de California han defendido anteriormente el sistema de votación del estado, citando medidas de seguridad como la verificación del registro de votantes, la comparación de firmas, el seguimiento de las papeletas y las auditorías posteriores a las elecciones.
Estas declaraciones ocurren cuando fiscales federales afirman que se llevan a cabo múltiples investigaciones por fraude electoral en California tras las elecciones primarias del 2 de junio.
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Hasta el momento, ni Essayli ni el DOJ han identificado casos específicos bajo investigación ni han proporcionado públicamente pruebas de fraude electoral generalizado.
Según Essayli, la demanda relacionada con el censo electoral sigue pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
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