Funcionarios electorales de California defienden votación
La postura de las autoridades electorales de California es reafirmar la confianza en el proceso del 3 de noviembre ante el acoso del Departamento de Justicia
Electores acuden a los centros de votación anticipada en California. Crédito: Damian Dovarganes | AP
Funcionarios electorales de California reiteraron la defensa de la votación del 3 de noviembre en el Estados Dorado, tras los intentos del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para impedir que unas 20,000 boletas podrían pertenecer a personas no ciudadanas.
El respaldo legal ocurre cuando las autoridades electorales de California dejan en claro a los votantes de que sus papeletas están seguras y contabilizadas para decidir los cargos y las propuestas consideradas para este proceso.
Dean Logan, registrador del condado de Los Ángeles, emitió su voto de forma pública este viernes 30 de octubre de 2026 en un centro de votación anticipada en un estacionamiento de Huntington Park. Logan declaró que el objetivo de esta iniciativa es generar confianza en el proceso electoral y fomentar la participación.
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“Quereos que todos los votantes elegibles del condado de Los Ángeles acudan a votar, y queremos que sepan que les brindaremos una oportunidad segura para hacerlo“, declaró Logan.
A menos de 48 horas del comienzo del día de la votación, una demanda presentada por un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes alega que más del 40% de los nombres señalados como posibles votantes no ciudadanos en California por la administración Trump no están en el padrón electoral del estado.
La denuncia se basa en un análisis realizado por dos miembros del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA, que presentaron la demanda contra la lista que ha utilizado el DOJ para amenazar con procesar a funcionarios electorales de California.
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El estudio de UCLA también reveló que miles de ciudadanos estadounidenses figuran en la lista presentada por el gobierno del presidente Trump, que los consideran personas no elegibles para votar.
En ella se describe un análisis realizado por dos miembros del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA, quienes interpusieron una demanda contra dicha lista, junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), con sede en Los Ángeles.

El estudio de los miembros de UCLA analizó los 20,930 nombres que el DOJ exigió que los funcionarios electorales de California considerara posibles votantes ilegales y que separaran sus papeletas durante el recuento de votos de las elecciones del 3 de noviembre.
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La investigación dice que 8,880 nombres, que representan el 42% de la lista completa, no corresponden a ninguna persona inscrita en el registro electoral actual de California. Además, se reveló que al menos 22 personas son ciudadanas estadounidenses, y que muchos más podrían corresponder a residentes con ciudadanía estadounidense confirmada.
“El análisis de los expertos deja claro que la lista de votantes obligatoria pone en peligro a un número significativo de votantes californianos con derecho a votar“, dice el documento, que está firmado por Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California y asesor del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA.
Varios jueces rechazaron la demanda del DOJ por considerarla inconstitucional y una amenaza para la democracia, mientras que funcionarios electorales locales y estatales aseguraron que la lista presentada por la administración Trump parece estar plagada de errores.
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Sin embargo, el escrutinio por parte del DOJ sobre las oficinas electorales de California no se detiene. Se emitieron múltiples citaciones del gran jurado a funcionarios electorales, incluida la Oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles.
Logan aseguró que la confianza pública en las elecciones de mitad de mandato se ha visto cada vez más cuestionada.
“Si no te gusta el resultado de las elecciones, en lugar de simplemente aceptarlo, puedes cuestionar lo que sucedió durante el proceso“, añadió el registrador del condado de Los Ángeles.
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El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que el gobierno federal pretende segregar y no contabilizar las papeletas de aproximadamente 20,000 votantes, que son cuestionadas por el DOJ. Logan aseguró que las citaciones únicamente son amenazas para intimidar a las autoridades electorales.
“No está del todo claro qué pretenden ni qué estamos obligados a proporcionar, pero cumpliremos la ley en consecuencia”, aseguró Logan.
El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el estado está preparado para salvaguardar el proceso de recuento de votos desde la noche de este martes 3 de noviembre.
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“Estoy centrado en conseguir más de 1,000 funcionarios electorales, gente que supervise a los observadores del Departamento de Justicia que Trump va a enviar para intentar robarse estas elecciones. Nos aseguraremos de supervisar el recuento de votos hasta que se cuente el último voto“, expresó Newsom en una entrevista.
El pleito del DOJ podría continuar ahora en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con expertos legales, aseguraron que es poco probable que el máximo tribunal lo aborde antes de las elecciones.
Todo puede quedar sin efecto tan pronto comience el recuento de votos, la noche del martes, ya que las papeletas cuestionadas se mezclarán con las demás, por lo que ya no podrían ser retiradas.
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