DOJ desmantela estafa de $27.7 millones con datos de pacientes fallecidos en California
La operación reveló un esquema fraudulento que involucró a médicos y centros de atención; los acusados utilizaron información de pacientes que ya han muerto
Autoridades federales atacaron operaciones de fraude contra Medicare en California. Crédito: Jenny Kane | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció que desmanteló una operación de estafa de $27.7 millones de dólares que llevó a cabo el propietario de un centro de cuidados paliativos de California, quien utilizó información de personas fallecidas para engañar al gobierno.
Las autoridades federales llevaron a cabo una amplia operación regional contra distintas redes de fraude en el área metropolitana de Los Ángeles.
En el caso más importante, Christina Mareik, de 61 años y residente de Whittier, presuntamente facilitó miles de recetas fraudulentas de medicamentos caros y no contratados a través de la farmacia Monte Vista.
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“Este plan se aprovechó de una suspensión temporal de los requisitos de autorización previa de Medi-Cal, lo que resultó en pagos reales de $178 millones de dólares por medicamentos genéricos de bajo costo que eran médicamente innecesarios o que nunca se administraron a los pacientes.
El promotor de la captación de pacientes, Paul Richard Randall, de 67 años, se declaró culpable de fraude electrónico en relación con esta operación.
Otro caso local fue el de Oren David Shachar, de 59 años y residente de Van Nuys, quien dirigió cuatro empresas diferentes de cuidados paliativos para presentar reclamaciones fraudulentas por $27 millones de dólares en nombre de pacientes que no padecían enfermedades terminales o que ya habían fallecido.
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Presuntamente, Shachar compró datos de identificación de pacientes fallecidos a los comercializadores Abraham Shin y Jeannie Choi y pagó sobornos ilegales para mantener a los pacientes inscritos.
Brenda Lee López, de 63 años y residente de Norwalk, administradora de una oficina médica, fue acusada de falsificar las firmas de cuatro proveedores médicos para ordenar pruebas innecesarias de las vías urinarias, respiratorias y toxicológicas para pacientes de Medicare que nunca proporcionaron muestras.
Por esta operación, Lee López obtuvo ganancias de $335,000 dólares, fondos que gastó en gran parte en un casino.
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Profesionales médicos con licencia también tendrán que hacer frente a graves cargos por abuso de poder.
Tres médicos —Wisam Khander, de 36 años, Patrick Murphy, de 40, ambos de Irvine, junto con Justin Evans, de 37, de Colorado— fueron acusados de supuestamente usar su posición para recetar medicamentos e intercambiar entre sí casi 90 recetas de sustancias controladas.
Con las recetas, los tres médicos tuvieron acceso a sustancias como oxicodona, anfetamina y morfina sin ningún propósito médico legítimo.
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El Dr. Eugene Richard Dorsey, de 83 años y residente de Orange, psiquiatra ortopédico, está acusado de falsificar informes psiquiátricos entre 2020 y 2025 para ayudar a los reclamantes a calificar fraudulentamente para la compensación laboral federal, lo que resultó en pagos de más de $1.8 millones de dólares.
Aunque las autoridades federales detallaron el funcionamiento de las operaciones de fraude en los centros médicos de California, no quedó claro cuántas funerarias o empleados se vieron afectados por la red de venta de datos.
Se desconoce cuánto de los $27.7 millones de dólares robados en la estafa de California se ha recuperado por las autoridades federales.
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La acción del DOJ en California formó parte de la Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica de 2026, que descubrió alrededor de $6,500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas en el país.
La campaña nacional contra el fraude en la atención médica de 2026 representa el mayor esfuerzo conjunto del gobierno para atacar la corrupción médica en la historia de Estados Unidos.
Un total de 455 acusados, entre ellos 90 médicos y profesionales con licencia, enfrentan cargos que abarcan 56 distritos federales, según anunció este martes, en una conferencia de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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La medida provocó la suspensión inmediata de los pagos de Medicare a 1,000 personas en la primera mitad del año, y casi 800 de esas suspensiones se originaron solo en California.
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