Hechos de la semana en inmigración: alivio al TPS y redadas golpean la economía
Un juez frena cambios al TPS mientras aumentan los arrestos de ICE y el costo económico de los operativos
Beneficiarios del TPS y comunidades inmigrantes enfrentan incertidumbre ante nuevas medidas migratorias Crédito: Andrés Kudacki | AP
Un juez federal de Boston bloqueó, por ahora, los intentos del gobierno de Donald Trump de cancelar los permisos de trabajo de solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán.
El bloqueo impide a USCIS denegar solicitudes de asilo y revocar permisos de trabajo por el impago de una nueva tarifa de asilo, aplicada con carácter retroactivo a los titulares del TPS procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania. La suspensión temporal se mantendrá hasta que el juez se pronuncie, antes del 5 de agosto, sobre una medida cautelar a más largo plazo.
Hay unos 171,000 salvadoreños amparados por el TPS. Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua son los otros países de la región cuyos nacionales están amparados por el TPS. Venezuela tiene 605,015 beneficiarios seguido de Haití con 330,735, Honduras con 51,525 y Nicaragua con 2,910.
La cancelación del TPS es uno de los mecanismos usados por el gobierno de Trump para deslegalizar a los inmigrantes y hacerlos vulnerables a ser detenidos y deportados. Poco importa que muchas de estas personas llevan décadas viviendo en Estados Unidos, trabajan en industrias esenciales y pagan impuestos.
Por ejemplo, según un análisis de FWD.us, “200 mil titulares haitianos del TPS ya forman parte de la población activa de Estados Unidos trabajando en sectores esenciales, entre los que se incluyen 15 mil trabajadores agrícolas, 13 mil auxiliares de enfermería, 8 mil cuidadores y muchos más”.
FWD.us estima que los 330,000 haitianos beneficiarios del TPS “generan $5,900 millones de dólares para la economía estadounidense cada año y pagan anualmente $805 millones de dólares en impuestos federales y sobre nómina, así como $755 millones de dólares en impuestos estatales y locales”.
La Opinión informó que “un tribunal federal de apelaciones en Washington bloqueó temporalmente la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al TPS para los inmigrantes haitianos, lo que permitirá que el programa permanezca vigente, al menos, hasta el próximo 27 de julio, mientras continúa la disputa judicial”.
Récord de arrestos de ICE
La Opinión reportó que, tras varios meses sin actualizar su información, ICE “reveló que mantiene a 65,765 personas bajo custodia por motivos migratorios y que está realizando un promedio de 1,474 arrestos diarios, la cifra más alta registrada durante la actual administración”.
“Los números, con corte al 11 de julio, muestran que la capacidad de detención del ICE sigue creciendo, aunque todavía se encuentra por debajo del récord de 70,766 personas detenidas, alcanzado en enero de este año”, agrega el artículo.
Señala además que “durante junio, ICE realizó más de 1,300 arrestos diarios, mientras que en los primeros días de julio el promedio aumentó a 1,474, el nivel más alto del que se tiene registro en la actual administración”.
Sin embargo, “las deportaciones se mantienen en un promedio cercano a 1,246 personas al día, una cifra elevada frente a años anteriores, aunque inferior al ritmo de crecimiento de los arrestos.”
¿ICE cambia su código de vestimenta?
La Opinión también reportó que ICE cambiaría su código de vestimenta tras los dos tiroteos que cobraron la vida de dos inmigrantes latinos en Texas y Maine, y un fallido intento de arresto en el aeropuerto de Las Vegas por agentes sin identificar.
La publicación The Intercept tuvo acceso a un memorando del director interino de ICE, David Venturella, que “establece que los agentes deberán utilizar uniformes fácilmente identificables durante las operaciones en campo”, indicó La Opinión.
Según el diario, “las nuevas reglas indican que el uniforme incluirá pantalones tácticos color caqui o marrón, un polo oficial del ICE y chaleco antibalas en operativos de alta visibilidad”. “Además, prohíben el uso de jeans, sudaderas con capucha, camisetas sin cuello y prendas con estampados”.
Y enfatiza que los agentes deberán mostrar su placa en todo momento cuando realicen arrestos.
El artículo de The Intercept no menciona si las máscaras que usan los agentes para cubrir sus rostros permanecerán. Esa ha sido una de las principales críticas a los agentes de ICE y CBP que participan de estos operativos con los rostros cubiertos, sin mostrar identificación y en autos tampoco identificables. A la violencia y la falta de entrenamiento que los caracteriza, se suma la indumentaria que hace que parezcan secuestradores en lugar de agentes.
Golpe económico de las redadas en California
Los violentos operativos de ICE y CBP han cobrado vidas, separado y destruido familias.
Y también han dejado una estela de destrucción a nivel económico en los estados y ciudades donde se han concentrado, efectos que todavía no se cuantifican en su totalidad.
La Opinión informó sobre un reporte del Instituto de Política y Política Latina de UCLA y la organización Inclusive Action for the City que “documenta cómo el incremento de las acciones de control migratorio redujo la actividad comercial en nueve corredores de mayoría latina del condado de Los Ángeles, generando pérdidas económicas, incertidumbre financiera y afectaciones a la salud física y mental de los propietarios”.
“El estudio concluyó que los comercios ubicados cerca de los operativos registraron 46,000 visitas menos de clientes y pérdidas estimadas en $3.16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a las redadas”, indica el artículo.
“Los autores señalan que el impacto real podría ser considerablemente mayor, ya que el análisis solo abarca nueve sitios y un periodo limitado. De mantenerse una disminución similar en todo el condado, las pérdidas económicas podrían alcanzar $52 millones de dólares en dos semanas y hasta $114 millones de dólares en un mes de aplicación continua de operativos migratorios”, agrega la nota.
Exigen juicio político para Mullin
Asimismo, La Opinión informó que “Voto Latino y 50 organizaciones interreligiosas, de derechos humanos, empresariales, de inmigración, veteranos y de derechos civiles, enviaron una carta al Congreso exigiendo la presentación inmediata de artículos de juicio político o ‘impeachment’ al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por el asesinato de inmigrantes”.
Según el artículo, “las organizaciones exigen una investigación exhaustiva del Congreso sobre la gestión del secretario Mullin que incluya las muertes de personas en centros de detención, los tiroteos perpetrados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y otros actos de violencia cometidos por el DHS durante su mandato”.
Cita de la semana
“Ya quiero vender toda la mercancía que tengo. Se acabó el sueño americano después de 30 años; ya quiero dejarlo todo e irme de Estados Unidos. Lo que estoy viviendo es la pesadilla americana”, indicó a La Opinión el comerciante salvadoreño José Quijada lamentándose de las pérdidas de su negocio por los operativos migratorios en el condado de Los Ángeles.
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