California 2025: redadas de ICE encienden Los Ángeles
Desde el 6 de junio, la ciudad de Los Ángeles y el sur de California fueron víctimas de las redadas de agentes federales en contra de la comunidad inmigrante
Auto en llamas durante una protesta contra ICE en Los Ángeles. Crédito: Jae C. Hong | AP
Después de sortear la tremenda experiencia de los devastadores incendios Eaton y Palisades en enero, la ciudad de Los Ángeles enfrentó un desafío más unos pocos meses después: las redadas de inmigración.
Los operativos migratorios en Los Ángeles, y en general en el sur de California, se convirtieron en parte de los enfrentamientos entre el presidente republicano Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom, uno de los políticos demócratas que más ha reprobado las políticas impuestas por la Casa Blanca.
Tan pronto se confirmó el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre de 2024, el Estado Dorado y varios condados y ciudades de California, como Los Ángeles, tomaron medidas para convertirse en santuarios para proteger a la comunidad inmigrante, un pilar de su sociedad y de su economía.
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La mano de obra de los inmigrantes latinos, en sectores como la construcción y la agricultura, ha sido fundamental para consolidar a California como la cuarta economía más grande del mundo.
Por instrucciones de la administración Trump, las agencias federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron sus operativos para arrestar a inmigrantes indocumentados en Los Ángeles y en el sur de California.
Ante la sorpresa de las primeras detenciones, que se intensificaron a partir del 6 de junio en el centro de Los Ángeles, se desataron enfrentamientos entre los agentes federales y activistas que protestaban por el arresto de trabajadores inmigrantes.
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La actividad de ICE provocó protestas de miles de manifestantes en el área del Centro de Detención Metropolitano, en el centro de la ciudad, lo que desencadenó enfrentamientos con oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
Los manifestantes detuvieron el tránsito de avenidas y autopistas en el centro de Los Ángeles, además de prender fuego a varios vehículos. Durante las noches, algunos delincuentes aprovecharon la situación en la ciudad para cometer hurtos en tiendas y comercios.
Debido a la magnitud de las protestas, el gobierno de Trump federalizó a las tropas de la Guardia Nacional de California y desplegó unos 4,000 efectivos, además de 700 marines, con la instrucción de proteger instalaciones federales y brindar seguridad a los agentes de inmigración.
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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció un toque de queda vigente para una zona de una milla cuadrada en el centro de la ciudad, que ayudó a controlar la situación.
Aunque las manifestaciones frente a los edificios federales comenzaron a ser más esporádicas, los agentes de ICE y de CBP continuaron con sus operativos, en los que arrestaron a cientos de inmigrantes, muchos de ellos sin antecedentes delictivos, que era uno de los argumentos para llevarlos a cabo.
Incluso, ciudadanos estadounidenses también fueron arrestados, como fue el caso del veterano discapacitado del ejército de los Estados Unidos, George Retes, detenido durante una redada en el condado de Ventura.
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Los agentes federales de inmigración llevaban a cabo sus operativos enmascarados y fuertemente armados, en vehículos que no estaban identificados como policiales. Los miembros de la comunidad inmigrante consideraron las detenciones como secuestros de personas.
Las personas arrestadas eran trasladadas a centros de detención de ICE en Los Ángeles, en el sur de California o incluso a instalaciones fuera del estado, como Texas o Louisiana, en espera de ser deportados del país.
A los detenidos se les limitaba el acceso a sus abogados o a los servicios médicos esenciales, y muchas de sus familias desconocían el lugar donde se encontraban bajo custodia.
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Líderes y legisladores locales aprobaron propuestas de ordenanzas para prohibir que los agentes federales usaran mascarillas para ocultar sus rostros mientras se encontraban en operativos de inmigración.
Sin embargo, los agentes de ICE y CBP no acataron los lineamientos aprobados por funcionarios locales, con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Un gran número de inmigrantes dejó de acudir a sus lugares de trabajo, por lo que dejaron de percibir sus salarios, lo que representó una dificultad para el pago del alquiler de sus casas y para mantener a sus familias.
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Los padres también dejaron de llevar a sus hijos a las escuelas por el temor a ser arrestados en el trayecto o de que sus niños pudieran ser detenidos en operativos en los planteles escolares.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) reiteró su compromiso de proteger a los estudiantes mientras estén en el campus y repartió las tarjetas rojas con la información sobre los derechos de los inmigrantes.
Grupos de activistas se unieron para monitorear la actividad de los agentes federales y se encargaban de emitir avisos para prevenir a la comunidad inmigrante sobre la presencia de “la Migra” en sus vecindarios.
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El 11 de julio, una jueza ordenó la suspensión de las redadas de inmigración en Los Ángeles y siete condados del sur de California en contra de inmigrantes, ya sea por su raza, por su trabajo o por su forma de hablar. Esta instrucción fue ratificada el 1 de agosto por un tribunal de apelaciones.
A pesar del mandato judicial, los agentes federales de ICE y CBP no detuvieron sus operativos, que se hicieron frecuentes en lugares como estacionamientos de tiendas Home Depot o en centros de lavado de autos, donde arrestaron a decenas de jornaleros inmigrantes
Los agentes federales también arrestaron a personas que acudían a sus citas de inmigración para solucionar su situación legal en el país, sin importar que estuvieran a punto de obtener su documentación.
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La administración Trump acudió a los tribunales para que se levantara la restricción judicial, lo que finalmente fue aprobado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El acoso de los agentes de inmigración ocasionó que muchos inmigrantes decidieran autodeportarse y viajar a sus países de origen antes de ser arrestados.
En Los Ángeles y el sur de California, las redadas comenzaron a ser más esporádicas, mientras que las fuerzas del orden federal se desplazaron a otras ciudades de los Estados Unidos, como Chicago, para continuar con el arresto de más inmigrantes.
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Un juez ordenó el 10 de diciembre a la administración Trump detener el despliegue de la Guardia Nacional de California y regresar los 100 efectivos que permanecían en Los Ángeles al mando de gobierno estatal.
Después de casi siete meses de operativos, las consecuencias permanecen entre los miembros de la comunidad inmigrante del sur de California, quienes todavía temen ser arrestados y deportados.
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